Uno de los aspectos más criticados ha sido la reforma de la ley del aborto, que el Gobierno tiene previsto aprobar en 2015. A pesar de que Frances Raday, dirigente del Grupo de Trabajo, ha mostrado su satisfacción por la retirada del proyecto inicial impulsado por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, en una rueda de prensa en Madrid ha advertido de las consecuencias que tendrá obligar a las menores a solicitar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo.

Para las expertas, con esta medida «se estarán reduciendo los derechos de las niñas». Advierten de que existe «un grave peligro de violencia doméstica» contra estas menores bien cuando sus padres, les obliguen a llevar a término su embarazo, considerado de riesgo a esas edades, bien porque la situación pueda desencadenar situaciones violentas en sus casas.

Para el grupo de expertas, la violencia de género en España ha alcanzado «niveles alarmantes», y han hecho un llamamiento para erradicarla. Eleonora Zielinska, experta de la ONU y miembro del grupo de trabajo, ha explicado que por lo que han visto estos días en sus visitas a Madrid, Andalucía, País Vasco y Navarra, la respuesta de los trabajadores sociales, de la policía y del sistema judicial no está siendo la adecuada.

«La violencia de género está profundamente arraigada en nuestra cultura machista y en las actitudes patriarcales, que se producen en los medios de comunicación e Internet», advierte. El año pasado hubo en España 125.000 denuncias por violencia machista y 54 mujeres murieron asesinadas por sus parejas. En este sentido han criticado expresamente la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que recuerdan aportaba contenidos en igualdad de género.

Políticas amenazadas por la crisis

Para el grupo de trabajo, la crisis es una de las principales amenazas para los derechos femeninos. «Las mujeres constituyen alrededor del 70% de los trabajadores a tiempo parcial en España, y casi el 60% de ellas dicen que han sido incapaces de encontrar un empleo a tiempo completo», han explicado durante la presentación de sus conclusiones. «Hay indicios de que el sistema no ha resistido las presiones y las políticas adoptadas».

Denuncian además, que la reducción de los servicios de conciliación de algunas comunidades autónomas están «restringiendo las oportunidades de las mujeres, obligando a algunas a regresar a papeles tradicionales en el hogar». Sin embargo creen que a pesar de los recortes se pueden mantener servicios que fomentan la igualdad. Ponen como ejemplo el caso de Andalucía, donde pese a los recortes se ha mantenido el número de guarderías, centros de acogida para víctimas de la violencia u otros servicios sociales de apoyo a las mujeres.

Consideran que España ha desarrollado una infraestructura legal e institucional «innovadora para la igualdad de género», pero lamentan «el escaso nivel de aplicación». El objetivo de la visita ha sido valorar el progreso que ha realizado España en la eliminación de la discriminación de la mujer. El informe final lo presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo mes de junio.