Solo entre 2009 y 2010, la ONU incrementó en un 73 por ciento la contratación de servicios privados de seguridad, pasando de 44 millones a 76 millones de dólares, según un informe de la organización independiente Global Policy Forum (GPF).

Entre otros servicios, estas empresas proveen a la ONU de guardias armados, seguridad para convoyes, evaluación de riesgos y entrenamiento.

En misiones específicas en el terreno aumentan las contrataciones, señala la autora del informe, Lou Pingeot, coordinadora de programas del GPF. «Cuando se analiza de 2006 a 2011, se ve que la participación de compañías privadas de seguridad y militares en misiones en el terreno se incrementaron en un 250 por ciento», dice.

El informe, titulado «Asociación peligrosa» que se presentó en Nueva York este martes , se basa en una extensa investigación de Pingeot sobre los planes anuales de adquisiciones de las agencias de la ONU, así como en entrevistas oficiales y extraoficiales con funcionarios del foro mundial.

El estudio constata un aumento de la contratación privada por parte de la ONU desde los años 90, comenzando con las misiones de mantenimiento de paz en los Balcanes, en Sierra Leona y en Somalia.

La preocupación del foro mundial por salvaguardar sus instalaciones se incrementó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y del ataque contra la Misión de Asistencia en Iraq en 2004. Al año siguiente se creó el Departamento de Seguridad y Protección de la ONU.

Aunque Pingeot reconoce que la información a la que ha tenido acceso no es completa, ilustra no obstante la dirección que está tomando el foro mundial, algo que preocupa a muchos de los funcionarios a los que entrevistó, aunque no están dispuestos a decirlo públicamente.

Un motivo de preocupación es la ausencia de parámetros y marcos que gobiernen la tarea de los contratistas, sobre todo en zonas de conflicto. Otra inquietud es el posible choque entre los valores de la ONU y los de los mercenarios. Estos exhiben una «cultura de la superioridad» y una «propensión al uso de la violencia», según el informe, que también ha examinado los cables diplomáticos filtrados y divulgados por WikiLeaks, así como la cobertura de los medios de comunicación sobre las firmas contratadas.

Aunque la discusión sobre el tema dentro del foro ha sido mínima, un informe de la Secretaría General de 2002 sobre las prácticas de contratación reconoce que estas «podían comprometer la seguridad y la protección del personal de la ONU», y llamó a las agencias a reemplazar a las firmas privadas por personal propio.

Entre las empresas contratadas últimamente destaca la estadounidense DynCorp, que se vio involucrada en un escándalo de tráfico sexual durante la misión de la ONU en Bosnia en los años 90, un caso que inspiró la película «The Whistleblower» (»La verdad oculta»), de 2010.

La compañía también realizó vuelos encubiertos bajo el programa de «entregas extraordinarias» de Estados Unidos, por el cual ese país secuestra a sospechosos de terrorismo y los interroga en prisiones secretas ubicadas en distintas partes del mundo. Esto se conoció durante una disputa judicial entre DynCorp y otra compañía privada, de la que informó la agencia Associated Press.

Otra importante firma que trabaja para la ONU es la gigante británica de seguridad G4S, que recibió un contrato por 14 millones de dólares para la retirada de minas, y que por otra parte provee servicios de seguridad a los militares de Estados Unidos en Iraq.

Esa compañía ha sido investigada en Gran Bretaña por su trato a los inmigrantes en varios centros de detención de indocumentados que están bajo su administración. Ahora se postula para operar servicios policiales en dos condados de ese país.

El principal argumento para usar empresas privadas es que se ahorra dinero. Estados Unidos y Gran Bretaña son los países que más promueven la externalización.

Pingeot señala que, en sus aproximadamente dos años de investigación, no ha podido encontrar datos fiables que sirvieran para comparar sobre los beneficios financieros de la contratación.

Además, la práctica de otorgar contratos sin licitación reduce cualquier beneficio financiero que pudiera traer la competencia de precios. «Para mí, el resultado más sorprendente del informe es cómo la ONU ha evitado durante más de 20 años que se discutiera sobre el tema», nos dijo el director ejecutivo del GPF, James Paul. «¿Cómo puede año tras año presentar informes y hablar de la seguridad del personal de la ONU y no mencionar esto? El emperador está desnudo».

Un aspecto que ha impedido una discusión real es la influencia de dos grandes actores dentro del foro mundial: Estados Unidos y Gran Bretaña, importantes clientes de esas empresas.

Según la investigación de Pingeot, la industria aprovecha la cercanía con esos gobiernos pasa asegurarse apoyo en la obtención de contratos de la ONU, que no son los más lucrativos pero le dan prestigio a las empresas,

La estrecha relación entre los Estados miembros y los contratistas privados hace que estos últimos tengan influencia en las políticas de la ONU y en las de los países, donde generan una mayor «necesidad» de seguridad.

«Es una autoperpetuación de la industria», dice Pingeot.

Consultado sobre el informe, el portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, emitió un comunicado este martes señalando que el sistema del foro mundial trabaja en el borrador de un marco de responsabilidad para las compañías de seguridad privadas.

«Obviamente les presionamos», dice Pingeot, que señala que el borrador ha estado sobre la mesa durante dos años sin avance alguno. «Pero todavía pasarán años para que esas directrices se aprueben», añade.

Además la respuesta de la Secretaría General no atiende el asunto central del informe, que llama a una «amplia revisión de la relación de la ONU y sus contratos con todas esas organizaciones, no solo las que proveen seguridad».