La resolución que ha adoptado un grupo especial independiente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dice que las condiciones que impuso Argentina a las empresas que quisieran importar bienes de ese país infringen las normas de la OMC.

Para el comisario de comercio de la UE, Karel de Gucht, la decisión «refleja con claridad que el proteccionismo es inaceptable» e insta a Argentina «a que se preste con rapidez a cumplir con la resolución del Grupo Especial de la OMC y a eliminar estas medidas ilegales, y le exhorta a que abra la vía para que las mercancías de la UE puedan competir de forma leal en el mercado argentino.»

La resolución que ha adoptado el Grupo Especial de la OMC confirma las alegaciones que hacían la UE, Japón y Estados Unidos en su reclamación y proporciona un veredicto claro: Argentina no puede exigir a los importadores locales ni a las empresas extranjeras que acepten diversas prácticas impuestas por sus autoridades como condición para poder importar bienes en el país.

Las medidas que impuso Argentina exigían: compensar el valor de las importaciones en Argentina con, al menos, una cantidad equivalente en exportaciones; limitar las importaciones, ya sea en volumen o en valor; alcanzar un determinado nivel de contenido local en su producción nacional; invertir en Argentina, o bien conservar los beneficios obtenidos en Argentina en el propio país.

El Grupo Especial de la OMC se ha pronunciado también contra un procedimiento denominado «Declaración Jurada Anticipada de Importación». Esta declaración obliga a las empresas a contar con la aprobación de las autoridades argentinas antes de poder importar las mercancías.

Argentina introdujo estas medidas como parte de su denominada política del «comercio gestionado». Con la que pretendía sustituir las importaciones por productos de procedencia local y, de este modo, reducir o eliminar el déficit comercial del país con otros países o regiones. La resolución de la OMC garantiza que Argentina no pueda aplicar estas medidas, con las que incumple sus obligaciones en el marco de la organización mundial.

Las medidas han sido una traba importante para los importadores de productos de la UE en Argentina y también han perjudicado la capacidad de las empresas extranjeras de operar en el país.

La UE, Japón y los Estados Unidos iniciaron el procedimiento de solución de diferencias de la OMC en mayo de 2012. Las consultas preliminares que se mantuvieron con Argentina en julio de 2012 no consiguieron una solución amistosa. Por consiguiente, en enero de 2013 se constituyó un grupo especial de la OMC.

Todas las partes disponen ahora de un plazo de sesenta días para recurrir la resolución del Grupo Especial si así lo desean. Si no se apela contra la resolución, cosa que Argentina ha dicho que hará, o una vez que se resuelva cualquier apelación, Argentina tendrá que rectificar dichas medidas para ajustarse a las normas de la OMC, ya sea inmediatamente o en un plazo de tiempo razonable. Este plazo se negociará entre todas las partes, o bien lo fijará un árbitro de la OMC.