Según el relato de la senadora holandesa Tineke Strik, encargada de la investigación, el 25 de marzo de 2011 una patera partió de Trípoli con 72 personas a bordo que escapaban de la guerra. Dieciocho horas después, sin combustible ni víveres, el capitán pidió socorro a través de un teléfono. El Centro de Coordinación Marítima italiano emitió la alerta, pero ni los pesqueros que faenaban en la zona ni los barcos de la OTAN, entre ellos, la fragata española Méndez Nuñez, que vigilaban el embargo a Libia, ni un helicóptero militar socorrieron a los náufragos.

El ministerio de Defensa español ha asegurado que no tuvo conocimiento de que ninguna embarcación a la deriva se encontrara próxima. «De haberlo sabido, no habría dudado en acudir en su auxilio», dijo un portavoz. «Hubo errores a distintos niveles y se perdieron muchas oportunidades de salvar las vidas de las personas a bordo del barco», concluye el informe del Consejo de Europa.

Uno de los nueve supervivientes del naufragio fue Abu Kurke Kebato, quien pasó unas horas en prisión en Libia y volvió a intentar la huida, esta vez con éxito. Llegó a Lampedusa, en Italia, y desde allí logró entrar en Holanda junto a su mujer, donde pidió asilo. Como respuesta, fue detenido por las autoridades de inmigración y se decretó su expulsión a Italia, su punto de entrada a la UE.

La denuncia de la senadora holandesa, a la que se han sumado Amnistía Internacional y Human Rights Watch, reclamando el asilo para el refugiado por razones humanitarias ha tenido un amplio eco en la prensa europea y hoy el Consejo de Estado holandés ha suspendido la orden de expulsión de forma temporal, hasta concluir su investigación.

El caso de Abu Kurke Kebato pone de relieve también el fracaso de la política de asilo de la UE, como han reconocido incluso desde la Comisión Europea. Según datos de Eurostat, el número de solicitantes de asilo en la UE aumentó un 16,2% en 2011 con respecto al año anterior. Trescientas mil personas pidieron protección en territorio comunitario.