La policía desplegó el 2 de agosto 1.881 efectivos a lo largo del Evros, en un intento por sellar la frontera. Según el portavoz de esa fuerza, Christos Manouras, la acción «efectivamente impidió nuevas llegadas». «Cuando a través de nuestras cámaras de infrarrojos o nuestras patrullas nos enteramos de que alguien intenta cruzar, los oficiales de policía forman un escudo humano y les impiden el ingreso», explica.

Mientras, la policía detuvo solo en Atenas a 12.900 inmigrantes que residían de modo irregular en el país. Unos 400 se encuentran en un nuevo campamento de detenciones ubicado en Amugdaleza, a las afueras de Atenas. Los demás fueron enviados a dos academias policiales convertidas en campamentos improvisados en Xanthi y Komotini, en el norte del país.

Miembros de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) han visitado ambos campamentos el mes pasado, y describieron las condiciones como de mala calidad. «Nuestro equipo registró serias carencias en relación a la infraestructura y a las condiciones de detención, pese a los esfuerzos obvios de las autoridades por mejorar la situación» nos dijo la directora general de MSF, Reveka Papadopoulou. «Controlaremos más la situación, pero no nos involucraremos de un modo que impida que el gobierno afronte las responsabilidades derivadas de la política de detenciones a gran escala que está llevando a cabo», agregó.

Las autoridades no permiten que los periodistas visiten los campamentos de detención, y el acceso a la frontera que coordina la Guardia Fronteriza griega está limitado.

La Comisión Europea no descarta una financiación para tales medidas, y «organiza regularmente misiones técnicas en el terreno para debatir con las autoridades griegas si corresponden las acciones en el marco de los programas cofinanciados por la UE», nos dijeron desde la Comisión por correo electrónico, refiriéndose a la misión de ésta en la frontera.

Las autoridades instalaron días atrás un campamento improvisado donde había unas viejas barracas militares en Korinthos, a 75 kilómetros al sur de Atenas, que pueden albergar a otros 2.000 detenidos. «Las detenciones durarán hasta un año», mientras las autoridades intentan enviar a esas personas de regreso a sus países de origen, dijo Manouras. «Muchos de ellos podrán optar por volver mediante el programa que hemos puesto en práctica con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)», agregó.

Cofinanciado por Grecia y el Fondo Europeo para el Retorno, el programa ya ha enviado a sus lugares de origen a 5.000 personas. A fines de julio, la OIM y Grecia firmaron un acuerdo para un año por 10 millones de euros que ofrecerá un retorno voluntario asistido a unos 7.000 inmigrantes indocumentados.

Grecia es desde 2005 el principal punto de llegada de inmigrantes ilegales. Más del 80 por ciento entran a Europa a través de Turquía, por el mar Egeo o por el río Evros. La mayoría de estas personas quieren ir al norte de Europa. Sin embargo, la distancia que las separa de otros países europeos, además de cláusulas del Reglamento Dublín II, que determina el regreso de solicitantes de asilo al país europeo al que llegaron primero, han condenado a decenas de inmigrantes a permanecer varados en un limbo en Grecia.

Esto ha transformado al país, y a Atenas en particular, en un depósito de cientos de miles de inmigrantes sin la documentación requerida y solicitantes de asilo, que sobreviven con ingresos ínfimos en un gran mercado negro.

La nueva política migratoria del gobierno de coalición de la derechista Nueva Democracia, el tecnócrata Pasok y el izquierdista moderado Demar tiene lugar en un momento en que muchas organizaciones internacionales expresan preocupación por el fracaso de las autoridades en proteger los derechos humanos de inmigrantes y solicitantes de asilo, y en ofrecerles protección ante una creciente ola de ataques racistas.

La política también se lleva a cabo en medio de una debacle económica, que estalló en 2009 cuando no pudo hacer frente a los pagos de su cuantiosa deuda. Tras cuatro años de recesión, el desempleo llega ya hasta el 29 por ciento de la población económicamente activa.

En medio de esta crisis, el sentimiento xenófobo se ha extendido en la sociedad. Los ataques racistas han aumentado en las calles de Atenas y se propagan rápidamente por todo el país. El 23 de julio, la violación e intento de asesinato de una adolescente de 15 años en la isla de Paros por parte de un trabajador pakistaní indocumentado catapultó la indignación social.

En el marco de la ola de ataques contra extranjeros que se desató tras ese hecho, el 12 de este mes un inmigrante iraquí fue golpeado y muerto a puñaladas por cinco jóvenes encapuchados. «Uno sabe que esto le puede ocurrir cada vez que sale de casa», nos dice en un griego fluido el solicitante de asilo Ramadan Sah, que huyó del movimiento extremista Talibán en Afganistán. «Alguien puede pararte y preguntarte de dónde eres. Y entonces pueden aparecer muchos más y atacarte. Está realmente peligrosa la situación ahi afuera», agrega.

Sah ha estado varado en el sistema de solicitudes de asilo durante más de una década. Hace un par de meses, el comité de apelaciones evaluó su solicitud. Está terminando una licenciatura en ciencias políticas, pero cada vez tiene más miedo. «Es como cuando nos ocultábamos en las casas para escapar del Talibán. Entonces nos llamaban izquierdistas, ahora somos los extranjeros».