Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en una reunión con los ministros de agricultura de la UE celebrada esta semana, ha indicado que «el Gobierno ya intentó dar la vuelta a las propuestas de la Comisión, muy lesivas en algunos casos para los intereses del campo español. Ahora, en un nuevo Consejo tenemos que mantenernos firmes y dar una vuelta completa para consolidar una reforma adecuada de la PAC que garantice ciertos puntos clave».

La presidencia irlandesa de la UE para este semestre, ha escuchado en la tarde del martes (con reuniones bilaterales de unos 15 minutos de duración), las «líneas rojas» de los 27 en la reforma de la PAC, con España, Francia y otros productores agrícolas entre las primeras delegaciones en exponer sus prioridades.

«Quiero dejar claro que los países no van a conseguir todo lo que pidan, deben reducir sus aspiraciones a un máximo de tres peticiones, porque si no limitan ellos sus expectativas, lo hará la presidencia», ha advertido Simon Coveney, ministro irlandés de Agricultura.

Renegociación del 'pago verde' y el 'pago base'

Para España, uno de los puntos de conflicto está en la superficie elegible para las ayudas, ya que se teme que un cambio de criterio traiga el reparto del mismo nivel de fondos entre más hectáreas de terreno. Según Arias Cañete, las hectáreas entre las que repartir las ayudas pasarán de 21 millones a 38 millones, si no se modifica la propuesta, preocupación que ha recogido el Parlamento Europeo para la negociación.

España defiende incluir los cultivos permanentes con prácticas agronómicas «racionales» en el llamado 'pago verde' o 'greening', que condicionará el 30% de las ayudas a esfuerzos medioambientales concretos porque cree necesario «garantizar la rentabilidad» de sectores leñosos como el olivar y la viña e incluir aquí a la ganadería, muy poco cuidada en la nueva PAC.

«Es imprescindible que se tenga en cuenta el papel esencial que juegan estos cultivos en el medio ambiente», ha indicado Arias Cañete, al tiempo que recordó que se deben evitar «pérdidas injustificadas en los ingresos de los agricultores». Asimismo, el ministro de agricultura ha defendido que se disponga de una «red de seguridad» para los mercados agrarios que cuente con «la posibilidad de revisión de los precios de referencia». España también considera «imprescindible» otorgar herramientas a las organizaciones de productores para que puedan negociar «de manera colectiva» los precios que perciben por la venta de sus productos.

Otro de los asuntos relevantes es el régimen de «pago base», para el que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, insiste en promover una convergencia interna (dentro de cada país, entre sectores y regiones) de los niveles de ayuda y subsidios para el año 2019 y que España pide reequilibrar ya que «la agricultura española es muy diversa y requiere niveles diferentes de subsidios, además, no sería deseable que se produjera un desplazamiento en intensidades altas de los fondos europeos de unos sectores a otros» ha argumentado el ministro Arias Cañete.

La presidencia irlandesa ha recogido en uno de sus primeros documentos, la posibilidad de suavizar esa convergencia, un punto que favorece los intereses españoles pero que no ha gustado a Alemania, que plantea en este punto una fuerte oposición.

España quiere, además, un «porcentaje adicional» de ayudas acopladas (asociadas a la producción) que abarquen cultivos como el algodón o el tabaco y que se prorroguen las cuotas azucareras y los derechos de plantación de viñedos, así como que se garanticen los apoyos para el almacenamiento privado de aceite de oliva. Demandas todas que, como ha asegurado el ministro irlandés de Agricultura, «ya se encargará de recortar la Presidencia de la UE».