Condena enérgica del gobierno español a la decisión argentina de nacionalizar el 51% de la petrolera Repsol-YPS. El ejecutivo califica la decisión de la presidenta Cristina Fernández de gesto de hostilidad hacia España y anuncia medidas claras y contundentes como consecuencia. Repsol considera la nacionalización manifiestamente ilícita y desde Bruselas se advierte de que Argentina envía una señal muy negativa a los inversores internacionales.
La medida ha pillado por sorpresa al gobierno de Rajoy cuando pensaba que la negociación se impondría. En una comparecencia a la que se ha querido dar un tono de solemnidad, los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y de Industria, José Manuel Soria, han afirmado que la expropiación de YPF «rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España.
El titular de Exteriores ha recordado que la medida perjudica, especialmente a millones de pequeños accionistas que tenían depositados sus ahorros en la compañía Repsol y que la decisión quiebra el clima de confianza necesario para llevar ahorros e inversiones a Argentina.
El ministro de Industria ha calificado la decisión de la presidenta argentina de discriminatoria porque se anuncia una ley de nacionalización del sector de hidrocarburos, pero sólo se adoptan medidas contra YPF, de la cual la empresa española Repsol «es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones». Soria ha reiterado que «cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno».
El ejecutivo ha asegurado que en los próximos días se anunciarán medidas claras y contundentes y García Margallo ha pedido a las instituciones europeas que se discuta el caso en el pleno del Parlamento Europeo que está teniendo lugar en Estrasburgo, por vía de urgencia.
La Comisión Europea ha advertido al gobierno argentino que la expropiación envía «una señal muy negativa a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio» del país. El portavoz europeo de Comecio, John Clancy, aboga por encontrar una solución de mutuo acuerdo que no perjudique las relaciones entre la UE y Argentina.
La compañía Repsol dice en un comunicado publicado en su web que la «medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF». Repsol afirma que tomara medidas legales para preservar el valor de sus activos y los intereses de sus accionistas.
El anuncio de expropiación realizado en Buenos Aires se ha conocido con los mercados europeos ya cerrados, pero en Wall Street las acciones de Repsol han llegado a caer un 19% y se ha suspendido la cotización. España es el primer inversor extranjero en Argentina con un capital estimado en 18.000 millones de euros.
