La ministra española de Agricultura, Rosa Aguilar, ha sido una de las voces más críticas en este primer Consejo de Agricultura después de que el comisario Dacian Ciolos, hiciera público el texto de la PAC reformada para el periodo 2014-2020.
Aguilar ha definido como «decepcionante» el texto en su conjunto e «inaceptable» la propuesta de poner fin a los derechos históricos de los Estados miembros más antiguos de asignar las ayudas directas a sus agricultores.
Para la mayoría de los ministros la propuesta de Ciolos no es sino una buena base para comenzar la negociación y esperan modificaciones profundas a su conclusión.
El ministro italiano, Francesco San Romano, lo ve todo rechazable y sostiene que la reforma es precisamente lo contrario de lo que se necesita. El «reverdecimiento» de la PAC o los agricultores activos son para Italia planteamientos «dificilmente» aplicables.
Alemania, no cree que sea oportuno el reposo del 7% de las superficies agrícolas y condicionar el 30% de las ayudas directas al comportamiento medioambiental de los agricultores. La ministra Ilse Aigner, no juzga que este sea un buen momento cuando el objetivo debe de ser producir más alimentos para una población en crecimiento.
El ministro francés, Bruno Le Maire, es más diplomático en sus expresiones. Está de acuerdo con la necesidad de que las ayudas se acomoden a un reverdecimiento pero no le gusta la forma en la que se propone. A los británicos lo que menos les gusta es que se ponga un techo a las ayudas para las grandes explotaciones.
La discusión continuará y dará mucho que hablar, en esta reunión unos y otros se han posicionado.
Al finalizar el Consejo el comisario Dacian Ciolos ha expresado su malestar por la negativa de un grupo de Estados miembros, encabezados por Alemania, de levantar el bloqueo a la ayuda a las personas más necesitadas. Ha querido enviar un mensaje a los beneficiarios del programa y a los bancos de alimentos de que la CE mantiene su compromiso con este programa, «ún estamos a tiempo de actuar -ha dicho- todavía hay tiempo para que los Estados miembros que obstaculizan esta decisión reconsideren su postura».