Es una historia demasiado familiar, que trae a la memoria la película «Diamantes de sangre» de Edward Zwick, que narra la historia de la guerra civil en Sierra Leona, financiada mediante el tráfico ilegal de piedras preciosas.

En este caso, no se trata de riqueza mineral sino del saqueo de la fauna africana. No son «diamantes sangrientos» sino «marfil sangriento». La sangre que se derrama es la de los elefantes africanos, en rápida disminución.

En febrero de 2012, unos 200 elefantes fueron abatidos por cazadores furtivos en el Parque Nacional de Bouba N'Djida, en Camerún, para extraerles sus valiosos colmillos.

Semejantes incidentes se han registrado en Chad, en la República Centroafricana, en Camerún y en otros países africanos. La última información conocida es el exterminio, en abril, de 26 elefantes en el Parque Nacional de Dzanga-Ndoki en la República Centroafricana, señalado por la Unesco como uno de los bienes del patrimonio cultural y natural del planeta.

Estos crímenes contra la naturaleza son perpetrados con frecuencia por las mismas redes delictivas que trafican con armas, drogas y personas, y representan una grave amenaza contra la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de numerosos países.

El problema reside en la insuficiencia de recursos y de capacidad de los organismos encargados de la preservación del ambiente y de la fauna y la flora silvestres.

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre ha estimado que solo en Gabón se han matado unos 11.000 elefantes desde 2004, pero al menos en ese país los líderes políticos tratan de contrarrestar la cacería ilegal. El gobierno del presidente Ali Bongo Ondimba ordenó quemar públicamente el marfil incautado, emulando un acto análogo que tuvo lugar en Kenia unos años antes.

También la comunidad internacional puede actuar

Irina Bokova, directora-general de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha solicitado a los gobiernos de la República Centroafricana, Camerún y República del Congo que colaboren en la lucha contra la caza furtiva en la región.

Los gobiernos signatarios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, reunidos en Bangkok a principios de este año, afirmaron la intención de actuar con firmeza y notificaron a ocho gobiernos –de países proveedores y consumidores– que deben tomar las medidas necesarias para erradicar el comercio ilegal de productos de marfil.

A su vez, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (conocida por sus siglas en inglés CMS) tiene el mandato de conservar este tipo de fauna en peligro de extinción, como los elefantes.

La mayor parte de los Estados en los que viven las dos especies de elefante africano se han adherido a la CMS y están por lo tanto obligados a velar por la conservación de estos animales y por la preservación de sus hábitat.

Si la población de elefantes africanos de esta región se incluyera en el Apéndice I de la CMS, todos los Estados del área estarían obligados a asegurar una estricta protección de las especies amenazadas en sus respectivos territorios, incluyendo la prohibición de capturarlas.

La CMS también ha concertado un acuerdo sobre los elefantes en África occidental que podría servir como marco institucional para toda la región.

Como vehículo para fomentar la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas, la CMS está dispuesta a responder a los llamamientos de los gobiernos miembros para pasar a la acción. Aún no es demasiado tarde. Pero pronto lo será.

Bradnee Chambers es secretario ejecutivo de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres