Esta trágica situación se debe a diferentes razones sociales, económicas y culturales, y a una común que es fundamental: la flagrante desigualdad entre hombres y mujeres. La Convención tiene la capacidad de convertirse en un motor de gran alcance para avanzar en esta cuestión apremiante de los derechos humanos.
Si nos fijamos en los datos disponibles podremos comprender la urgencia de la situación. Se estima que al menos 12 mujeres son asesinadas en Europa cada día por violencia de género. En 2013, las estadísticas disponibles muestran que la violencia doméstica se había cobrado la vida de 121 mujeres en Francia, 134 en Italia, 37 en Portugal, 54 en España y 143 en el Reino Unido. En Azerbaiyán, 83 mujeres fueron asesinadas y 98 se suicidaron como consecuencia de la violencia en el hogar, mientras que, según datos recogidos por los medios de comunicación en Turquía, al menos 214 mujeres fueron asesinadas por hombres el año pasado, principalmente por violencia doméstica, a pesar de que algunas de estas mujeres habían solicitado protección a las autoridades. Los datos disponibles correspondientes a los seis primeros meses de 2014 en muchos países europeos siguen mostrando cifras alarmantes.
Un estudio reciente de la ONU indica que la violencia doméstica letal representa casi el 28% de todos los homicidios intencionados en Europa. Las mujeres corren más riesgo que los hombres de ser asesinadas por personas cercanas: El 18% de todos los homicidios de hombres los comete la pareja o un familiar mientras que la cifra se eleva al 55% cuando se trata de mujeres. Estos porcentajes varían de un país a otro, pero el fenómeno está presente en toda Europa, con el 89% de mujeres asesinadas por su pareja o por un miembro de su familia en Albania, el 80% en Suecia y el 74% en Finlandia. En cuanto a la violencia doméstica no letal, el panorama es igual de sombrío: en Ucrania, por ejemplo, en 2013 se registraron 160.000 casos de violencia doméstica y según una encuesta el 68% de las mujeres habían sufrido abusos dentro de la familia. En Irlanda, en 2012, se registraron casi 15.000 casos de violencia doméstica.
La violencia contra las mujeres no se limita a las relaciones de pareja o familiares, un hecho ampliamente reconocido por la Convención de Estambul, que también se ocupa de otras formas de violencia de género, como el acoso, el acoso sexual, la violencia sexual y la violación. Como muestra una encuesta representativa publicada el pasado marzo por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), una de cada cinco mujeres (22%) ha sido víctima de violencia física por parte de alguien diferente de su pareja desde la edad de 15 años. Por lo que respecta al acoso moral, que incluye hoy en día el ciber-acoso, en la UE de los 28, el 18% de las mujeres han tenido esa experiencia desde los 15 años y el 5% de las mujeres han sido acosadas en los 12 meses anteriores a la encuesta. Eso quiere decir que casi 9 millones de mujeres en la UE de los 28 han sufrido acoso en un plazo de 12 meses. El 45% de las mujeres que viven en la UE han sido víctimas de acoso sexual al menos una vez en su vida.
La entrada en vigor de la Convención de Estambul también contribuirá a terminar con los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, y el aborto y la esterilización forzosos. Europa no es inmune a estas formas de violencia: en su Resolución de 2012, el Parlamento europeo estimaba que alrededor de 500.000 mujeres y niñas que viven en la Unión Europea han sufrido la mutilación genital, mientras que otras 180.000 corren el riesgo de ser sometidas a esta práctica cada año.
Sin embargo aunque muy importantes, estas cifras no son más que estimaciones prudentes ya que las mujeres tienden a no denunciar la violencia que sufren, fundamentalmente por la poca confianza que les inspiran las fuerzas del orden. Esto es comprensible ya que con mucha frecuencia, los poderes públicos no ayudan a las mujeres que han tenido el valor de denunciar lo que les ha sucedido. Como muestra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a menudo los Estados no solo no las protegen, sino que ni siquiera cumplen con su obligación de investigar debidamente los casos de violencia de género, ofrecer soluciones eficaces o adoptar las medidas adecuadas para evitar más violencia. Un caso reciente ilustra estas deficiencias: el Estado francés ha sido condenado por un juzgado nacional a pagar una indemnización a la familia de una joven asesinada por su ex pareja, ya que «la abstención culposa y repetida de los servicios de policía (constituye) una falta grave vinculada con el asesinato.»
Esta falta de sensibilidad con las víctimas por parte de la policía ilustra la negligencia de los Estados en relación con las mujeres víctimas de violencia. Un estudio reciente del Consejo de Europa muestra que, a pesar de que se proporciona a la policía de 44 Estados de los 47 del Consejo una formación profesional sobre la violencia contra las mujeres, sólo 29 de ellos ofrecen una formación continua específica a sus policías. Esta falta de formación podría muy bien ser una de las razones de los malos resultados de la policía en muchos países en el trato con las víctimas. Según algunas fuentes, en algunos casos habrían tratado de persuadir a las mujeres de que no presentaran una denuncia.
En otros casos, su comportamiento demuestra tanto un desprecio por la dignidad humana como su propio sentido de la impunidad. Un ejemplo revelador ocurrió en el Reino Unido, donde dos policías ofendieron de una manera vulgar a una joven de 19 años que quería poner una denuncia por violencia doméstica. El caso provocó la indignación pública y la condena política. Los policías en cuestión están actualmente siendo investigados. Pero el daño ya está hecho y la policía ha enviado una señal negativa a las mujeres. Por otra parte, un informe muestra que la falta de respuesta de la policía de Reino Unido está lejos de limitarse a un caso individual.
Esta falta de capacidad de respuesta se agrava por un inadecuado apoyo a las víctimas. Las plazas en los refugios para mujeres son insuficientes y las medidas de austeridad que se han adoptado en muchos países las han reducido aún más, aumentando así la vulnerabilidad de las mujeres. En Suecia, las estadísticas muestran que al 60% de las maltratadas se les niega un lugar en los refugios. En el Reino Unido, los recortes presupuestarios pueden también exponer a miles de víctimas a una repetición de la violencia.
Los recursos limitados ponen, así mismo, en peligro la salud de las mujeres víctimas de la violencia. Cómo ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia de género entraña problemas de salud física, sexual, reproductiva, y mental para las mujeres y las niñas. Esta evaluación basada en la evidencia ha llevado a los Estados miembros de la OMS a adoptar el pasado mayo una resolución para fortalecer el papel de los sistemas de salud a la hora de tratar el problema de la violencia contra las mujeres.
Todo lo anterior muestra la necesidad de que los poderes públicos adopten una actitud resuelta en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica desde el punto de vista de la víctima. El Convenio de Estambul ofrece una aproximación integral al problema indicando las medidas que se deben adoptar, y en este sentido, es realmente único. Específicamente dedicado a varias formas de violencia contra las mujeres, se centra en las víctimas y contiene una gama completa de herramientas prácticas para ayudar a mejorar la respuesta de todos los actores implicados. Establece claramente que los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y castigar a los autores, y las medidas en estos aspectos deben formar parte de un conjunto de políticas integradas. Esto es crucial, ya que solo se puede pensar en poner fin a la violencia contra las mujeres si se deconstruyen los estereotipos y roles de género, si cambian las actitudes, si se modifican las leyes, y si la justicia se pone a su alcance. La Convención es un elemento fundamental que prevé también un mecanismo de seguimiento específico con el fin de garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por las Partes.
Hasta la fecha, 13 Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Convenio de Estambul [1]. Además otros 23 han manifestado su voluntad política firmándolo, y 11 no se han manifestado en absoluto [2] . Espero que este convenio tan importante sea ratificado no solo por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, sino también por otros muchos países de todo el mundo y por la Unión europea.
Esto no aumentará la seguridad de las mujeres de un día a otro pero sin duda marcará un giro en la buena dirección enviando una fuerte señal de compromiso a millones de mujeres.
