Los jueces deberán tener en cuenta esta sentencia en todos los casos, aunque no es vinculante. España no tiene la obligación de cambiar la ley pero el Gobierno ha estado esperando el fallo del Tribunal europeo para aprobar el proyecto de ley de desahucios que está tramitando.
La ley hipotecaria española permite el desahucio y que los ciudadanos continúen teniendo que pagar al banco la casa de la que se les echa. El juez no puede suspender esa deuda y tiene que iniciar otro juicio una vez que la familia ha sido expulsada de su casa.
El Tribunal de Luxemburgo da respuesta a una pregunta presentada por un juzgado de Barcelona que requirió una consulta para resolver en el juicio de, Mohamed Aziz, contra Catalunya Caixa, la entidad que desahució a la familia en enero de 2011. El ciudadano solicitaba que se declarara nula una de las cláusulas del contrato, lo que haría que la ejecución hipotecaria fuera también considerada nula.
El caso lo informó en Luxemburgo la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que consideraba que la regulación procesal española impide defenderse ante cláusulas abusivas en las hipotecas y recordaba que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales. Sin embargo, el dictamen aclara que las leyes nacionales no pueden obstaculizar los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra cláusulas contractuales abusivas.
La norma europea exige que el consumidor debe disponer de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, para que pueda detener la ejecución forzosa.
Poco después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido a corregir inmediatamente aquellos aspectos de la legislación que ese tribunal considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de los bancos. El ministro ha garantizado que, a la espera de un "estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno "naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea", ha asegurado.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial de España, en el segundo trimestre del año pasado, los jueces acordaron la práctica directa de 29.275 desahucios. El gobierno del PP tramita medidas urgente contra los desahucios que han levantado una importante movilización en contra.
El drama de los desahucios se ha convertido en una alarma social en España donde varias personas se han suicidado poco antes de que las autoridades judiciales les quitaran sus casas por falta de pago. Bomberos de varias ciudades han apelado a la objeción de conciencia para dejar de intervenir en los desahucios, otro tanto ha hecho un nutrido grupo de cerrajeros, que eran llamados para saltar las cerraduras y permitir la entrada en las casas de los que iban a desahuciar. También el estamento judicial ha denunciado en varias ocasiones el abuso de las entidades financieras ante los clientes de hipotecas.
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