«Absolutamente correcta», así ha definido la Ministra de Interior de Reino Unido, Theresa May, la detención de David Miranda, ciudadano brasileño y pareja de Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian que publicó la información filtrada por Edward Snowden referente a los servicios de vigilancia de EE.UU.

Miranda hacía escala el domingo en el aeropuerto londinense de Heathrow, en un vuelo procedente de Berlín y con destino a Río de Janeiro, cuando fue detenido por la Policía bajo la Clausula 7 de la Ley de Terrorismo/2000 que autoriza a las fuerzas de seguridad a detener e interrogar a personas ante la posibilidad de que estén implicadas en la planificación de actos terroristas.

Para Theresa May «la Policía está en su derecho de intervenir si considera que alguien tiene información robada o altamente sensible que pueda ayudar a terroristas o que ponga en riesgo vidas».

Por su parte, el Servicio de Policía Metropolitana de Londres, en un comunicado oficial difundido este martes, asegura que «el examen del brasileño era necesario y proporcionado» y que en todo momento fue asistido por un abogado. David Miranda, tras nueve horas de interrogatorio, fue puesto en libertad sin cargos.

En una entrevista concedida a The Guardian pocas horas después, Miranda contaba: «en cuanto bajé del avión me llevaron a un cuartito con cuatro sillas y un aparato para tomar las huellas digitales. Había seis agentes que iban y venían. Me hicieron preguntas sobre toda mi vida, sobre todo. Cogieron mi ordenador, los videojuegos, mis tarjetas USB. Todo».

Visiblemente molesto, el periodista Glenn Greenwald explicaba su versión de la historia en el periódico del día siguiente. «Las autoridades británicas tenían cero sospechas de ninguna implicación de David Miranda en actividades terroristas», escribía Greenwald este lunes en The Guardian. «Miranda fue interrogado únicamente sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) para la que trabajaba Edward Snowden», añadió el periodista.

«Los británicos han abusado totalmente de su ley antiterrorista por razones que nada tienen que ver con el terrorismo», opina el periodista y añade que «esta detención estaba destinada evidentemente a intimidar a aquellos que trabajan sobre la NSA y su equivalente británico GCHQ desde un punto de vista periodístico».

Lejos de sentirse intimidado, Greenwald ya ha advertido que la detención «tendrá el efecto contrario: nos anima a ir más lejos». «Voy a publicar muchas cosas de Inglaterra también. Tengo muchos documentos sobre el sistema de espionaje de Inglaterra. Ahora mi foco va a estar allí. Creo que se van a arrepentir de lo que hicieron», aseguraba en el artículo.

A principios de agosto, Glenn Greenwald desveló que había recibido unos 20.000 documentos secretos de manos de Edward Snowden, fugitivo de la justicia estadounidense y que ha obtenido asilo político temporal en Rusia.

Este martes, el editor de The Guardian ha revelado que el Gobierno británico le obligó a destruir los dossieres entregados por Edward Snowden. Según Alan Rusbridger «un importante responsable del Gobierno me dijo que esa era la opinión del primer ministro y me pidió la entrega o destrucción de todo el material con el que estábamos trabajando, de lo contrario, impondrían actuaciones legales contra el diario», ha asegurado Rusbridger.

La clausula de la discordia

Sobre la correcta aplicación de la Clausula 7 de la Ley de Terrorismo hay algunas dudas. Según un documento oficial del Reino Unido, publicado en septiembre de 2012, «menos de 3 personas de cada 10.000 son examinadas al entrar a las fronteras del Reino Unido». Por otro lado, «la mayoría de los exámenes, un 97% de las inspecciones, duran menos de una hora y sólo el 0,06% de las personas detenidas permanecen en esa situación más de 6 horas». David Miranda ni siquiera cruzó la frontera británica, estaba en tránsito, y le mantuvieron detenido 9 horas.

La detención -desproporcionada e ilegal para unos, necesaria y correcta para otros- ha desencadenado una ola de respuestas a nivel político y no pocos terremotos diplomáticos.

EE.UU ha negado ya su implicación en la detención de David Miranda. «El gobierno británico nos alertó y sabíamos que podía ocurrir. Pero no es algo que nosotros solicitásemos y fue llevado a cabo específicamente por las autoridades en cumplimiento de la ley británica», explicó el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Josh Earnest.

El gobierno brasileño ha hecho pública su preocupación por la detención y el uso de la legislación antiterrorista, que consideró «injustificable», según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. «Esta medida es injustificada, ya que implica a una persona contra la que no hay cargos que puedan legitimar el uso de dicha legislación. El Gobierno brasileño espera que incidentes como el ocurrido con el ciudadano brasileño hoy en día no se repita», señala la nota.

Pero las críticas vienen por todos los frentes

Para el presidente de la comisión parlamentaria británica del Interior, el laborista Keith Vaz, «esta detención es extraordinaria y se debe exigir explicaciones a la policía».

La organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional considera esta detención como «ilegal e inexcusable (...) una táctica revanchista», mientras que para WikiLeaks, organización especializada en la publicación de documentos secretos, «es un claro abuso por parte de las autoridades británicas y de la legislación sobre el terrorismo».

David Miranda ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra las autoridades británicas. Sus abogados, el bufete londinense Bindmans, trata ahora de obtener una orden oficial para evitar cualquier «inspección, copia, divulgación, distribución o interferencia» de la información que guardaba su cliente en los aparatos electrónicos que le fueron confiscados durante su detención.

El documento sobre la Ley de Terrorismo elaborado por el Gobierno británico y publicado en 2102 viene encabezado con esta cita: «La capacidad de detener y examinar a los pasajeros en los puertos y aeropuertos es una herramienta esencial para la protección de los habitantes del territorio de este país. El poder es necesario en una sociedad democrática y... lo contrario no es discutible «.

En el caso de Miranda, sin embargo, hay bastantes motivos para discutir.