En contraste con el lento avance de las negociaciones internacionales para combatir el cambio climático, las leyes nacionales avanzan de forma asombrosa. Es una gran sorpresa para quienes se pliegan a la creencia habitual de que los avances han disminuido.
Resulta llamativo que desde 1997 se han aprobado casi 450 leyes relacionadas con cuestiones climáticas en 66 países que representan alrededor de 88 por ciento de los gases de efecto invernadero liberados por las actividades humanas. Este sorprendente impulso legislativo ocurre en todos los continentes.
Es alentador ver que los avances proceden de grandes países en desarrollo, tales como China y México. Juntas, esas grandes economías emergentes reunirán a 8.000 de los 9.000 millones de habitantes que tendrá el planeta en 2050, según las proyecciones.
Esas fueron las conclusiones del Cuarto Estudio de Legislación Climática de Globe International, publicado en febrero. Se trata del único compendio de leyes creadas por legisladores del mundo entero y la auditoría más exhaustiva de las respuestas emergentes al cambio climático.
Nuestro mensaje es que creemos que las leyes nacionales deben estar en el centro del nuevo acuerdo internacional para contener el cambio climático. El estudio de Globe International es la prueba de que eso se puede lograr en cualquier país.
Somos optimistas, pero tenemos que ser honestos. Las leyes existentes no alcanzan para evitar que la temperatura promedio del planeta se eleve menos de dos grados centígrados (3,6 grados Fahrenheit) respecto de la era preindustrial, límite que según los científicos no debe superarse si se quieren evitar las peores consecuencias del cambio climático.
Pero sí conforman un marco legal necesario para medir, registrar, verificar y manejar las emisiones de gases invernadero, que causan el cambio climático propiciado por las actividades humanas.
Teniendo en cuenta que las negociaciones formales en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se reanudarán en París en 2015, cuando está previsto que concluya el debate sobre un marco legal posterior a 2020, se espera que las leyes nacionales sean una base sólida sobre la cual construir un acuerdo global para después de esa fecha.
La cumbre mundial de legisladores promotores del equilibrio ambiental, que tendrá lugar en Ciudad de México entre el 6 y el 8 de este mes, discutirá, precisamente, cuál es la mejor forma de que eso ocurra en la práctica.
Se hace cada vez más evidente que no solo el acuerdo de París dependerá de las leyes nacionales previamente aprobadas, sino que la implementación de un tratado mundial solo será efectiva a través de la legislación local, supervisada por legisladores bien informados de todo el espectro político.
Un «compromiso» o «aporte» nacional expresado en la ONU solo será creíble, y durará más allá de las siguientes elecciones, si cuenta con el respaldo de leyes nacionales. Lo ideal es que tengan el apoyo de legisladores de todo el espectro político para que pongan en práctica un conjunto de políticas y medidas creíbles que garanticen una efectiva implementación.
Por eso los legisladores deben estar en el centro de las negociaciones internacionales y de los procesos políticos, no solo en lo que respecta al cambio climático, sino también al desarrollo sostenible. Y por esa razón, en materia de cambio climático, los gobiernos deben priorizar el apoyo a la implementación de leyes nacionales de ahora y hasta 2015.
Los miembros de Globe International lo reconocen y han estado a la vanguardia del desarrollo de una respuesta legislativa al cambio climático. Por ejemplo, en 2008, en Gran Bretaña, dieron forma y fortalecieron la Ley de Cambio Climático. En 2009, legisladores surcoreanos aprobaron la ley Crecimiento Verde.
En 2013, los miembros de Micronesia fueron indispensables para la aprobación de la legislación climática mostrando el poder de las voces insulares, y en Costa Rica se presentó un Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Mientras, miembros de China, Colombia, República Democrática del Congo, Nigeria y Perú, entre otros, están trabajando sobre el tema.
Pero tenemos que hacer mucho más. Y por eso, junto con el Banco Mundial y la ONU, Globe International lanzó la «Alianza para la Legislación sobre Cambio Climático», a fin de promover el avance de leyes sobre este tema.
Por supuesto, el papel de los legisladores no termina con la aprobación de las leyes. Una cosa es aprobarlas y otra implementarlas.
Por eso, Globe International prepara a los parlamentarios para que sean lo más efectivos posible a la hora de pedir cuentas a sus gobiernos. Esto es fundamental si se quiere cumplir con el acuerdo de París en 2015.
Los legisladores, con sus responsabilidades formales de legislar y supervisar, son una parte fundamental de una estrategia efectiva para atender los desafíos en materia de ambiente y desarrollo sostenible en el mundo.
Para maximizar las posibilidades de éxito deben estar en el centro de las negociaciones y de los procesos internacionales. El éxito de las negociaciones de París, el seguimiento para cumplir el acuerdo y el destino de nuestro planeta dependen de nuestras acciones.
