El Tribunal General de la UE ha condenado a España a pagar 33,6 millones de euros por irregularidades en los contratos públicos adjudiados en la construcción de nuevas líneas del tren de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y la frontera francesa. El Tribunal rechaza los recursos presentados por el gobierno español contra una decisión de Bruselas por la que se le reducían las ayudas de fondos de cohesión al incumplir la normativa europea.

Bruselas denunció que durante la adjudicación de las obras se realizaron modificaciones de los concursos otorgados inicialmente. Se atribuyeron obras directamente, sin comunicárselo previamente a las entidades adjudicatarias del concurso inicial, algo que de acuerdo con las normas de la UE sólo es posible en circunstancias imprevistas.

En uno de los tramos, por ejemplo, se modificó el contrato adjudicado para incluir la construcción de dos falsos túneles que permitiesen el soterramiento de la línea de ferrocarril. Según el gobierno español, las obras se realizaron en las inmediaciones de zonas urbanizadas de los municipios de El Vendrell y Santa Oliva, para evitar los efectos nocivos de la contaminación acústica que generan los tráficos ferroviarios. La Comisión Europea denunció esta práctica ante el Tribunal Europeo en 2010.

En la sentencia el Tribunal General pone de manifiesto que España no presentó argumentos específicos, contra las conclusiones de la Comisión, relativas a las irregularidades que afectan a las fases de proyecto, como la falta de realización de ensayos relativos al nivel de contaminación de los suelos o al carácter inadecuado de los estudios sobre la tipología de cimentaciones antes de la realización del proyecto. Los jueces consideran que las circunstancias alegadas por España no pueden considerarse como «imprevistas» y que, por tanto, no procedía atribuir estos trabajos a las entidades adjudicadoras del contrato inicial sin convocatoria de licitación previa.

Los fondos estructurales han sido siempre punto de controversia entre la Comisión y los Estados miembro. El rotativo polaco Gazeta Wyborcza publicaba esta semana que la CE ha anunciado a Polonia que podría dejar de recibir 11.000 millones de euros destinados a la construcción de carreteras, a menos que resuelva las demandas sobre los concursos irregulares en la asignación de obras para tres grandes autopistas.

Varsovia ha manifestado su sorpresa por la posición de la Comisión Europea, afirmando que el país ha sido víctima de prácticas de fijación de precio de los licitantes en las obras de construcción de las carreteras, e informó ya en 2010 a la Comisión Europea de las irregularidades en el proceso.