Centenares de miles de niñas y niños europeos se ven envueltos cada año en procedimientos judiciales. El último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) pide «mayores esfuerzos» para responder a sus necesidades y conseguir así un sistema mejor adaptado a las condiciones de la infancia, un paso crucial para «garantizar el interés superior, así como para mejorar la protección y participación significativa» de los más pequeños.

'Justicia adaptada a la infancia: perspectivas y experiencias de los profesionales' (Child-friendly justice: perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU member States) desgrana, a través de más de sus 133 páginas, cómo en los últimos años ha mejorado el derecho de los menores a ser escuchados, especialmente en los procedimientos penales. En el ámbito civil queda sin embargo mucho por hacer pues, según denuncia FRA, «en muchas ocasiones se decide no escucharles».

El director provisional de la entidad, Constantinos Manolopoulos, entiende que «no podemos permitir que los niños se sientan desconcertados o estresados cuando participan en procedimientos judiciales. La UE y sus Estados miembros tienen la obligación de garantizar el respeto y el pleno cumplimiento de los derechos de los niños».

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño (CDN), ratificada por todos los Estados miembros, aborda la cuestión de cómo mejorar la protección de la infancia en los sistemas judiciales. El Consejo de Europa ha elaborado asimismo unas directrices especiales al respecto. Se trata de una problemática que sólo en 2010 afectó a cerca de 74.000 niñas y niños víctimas de delitos y a otros 495.000 afectados por el divorcio de sus padres, contando sólo casos de 11 países de la UE.

La investigación llevada a cabo por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE subraya que la situación de este grupo etario varía de forma notable «no sólo de un Estado miembro a otro, sino también dentro de los propios países». En consecuencia, piden establecer y supervisar sistemáticamente normas y directrices, de forma clara y coherente. El equipo de investigación del FRA exige asimismo la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar la concienciación sobre esta cuestión, velando en particular por una formación especializada de las y los profesionales.

Separación de acusados y menores

El informe completo sólo está disponible en inglés, pero puede descargarse una versión reducida en castellano, con una veintena de páginas. Entre las conclusiones, destacan la frecuencia con que las legislaciones nacionales incluyen disposiciones sobre el derecho a la información, cuando «en la práctica los métodos empleados para informar a los niños varían notablemente». Según este organismo, la confianza de éstos «aumentaría si se les proporcionara, de forma regular durante el transcurso de los procedimientos, información y materiales adaptados a su edad».

La mayoría de los Estados miembros ha adoptado ya medidas para garantizar que también este segmento de la población disfrute plenamente de su derecho a la intimidad y a la protección frente a daños o frente al riesgo de volver a sufrir una experiencia traumática. Sin embargo, la institución con sede en Viena (Austria) alerta de que el uso de medidas de protección suele ser escaso en la práctica.

¿La solución? La publicación aboga por «proporcionar una protección adecuada a los menores. Haría falta extender y normalizar, en salas de audiencia y comisaría de policía de la UE, prácticas como el establecimiento de salas separadas para menores y acusados, con el fin de evitar todo contacto entre éstos», así como la utilización de grabaciones y conexiones de video por parte de profesionales con adecuada formación.

Y es que, una de las lacras en las que insiste la Agencia es la formación, pues «a pesar de las disposiciones legales acerca de la igualdad de trato, el personal suele carecer de los conocimientos especializados necesarios para tratar con niños en situaciones vulnerables, como los niños con discapacidades o pertenecientes a minorías étnicas».

La investigación está basada en una serie de entrevistas a profesionales que mantienen un contacto diario con estas niñas y niños, a lo largo de una decena de países de la UE: además de España, Alemania, Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Polonia, Rumanía y el Reino Unido. En total, entre julio y diciembre de 2012, FRA ha consultado a 570 jueces, fiscales, abogados, personal de juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, intérpretes y agentes de policía. Se han utilizado asimismo las diferentes bases de datos de la Comisión Europea.