Carey L. Biron

La Unión Europea tiene previsto aprobar, antes de final de año, leyes que impidan que las ganancias derivadas de la extracción de los llamados "minerales de sangre" en África central, enriquezcan a grupos armados que mantienen conflictos tan sangrientos como el de la República Democrática del Congo. Esta semana Estados Unidos se ha adelantado a los 28 y ha rafiticado una modificación de ley para evitar que se beneficien de estas ganancias los grupos armados.

Washington, (IPS) - Un juez federal de Estados Unidos ratificado una disposición clave para asegurar que las ganancias derivadas de la extracción de minerales en África central no beneficien a los grupos armados, en especial de la República Democrática del Congo (RDC).

«Es una gran victoria. El fallo es importante para que las compañías rindan cuentas y para garantizar que asuman su responsabilidad por el impacto que tiene lo que compran», nos dice Corinna Gilfillan, directora de la oficina estadounidense deGlobal Witness .

«El artículo en cuestión ha atraido una atención sin precedentes en el este del Congo, y eso ha aumentado de forma significativa el control sobre las cadenas de suministro. Después de todo, ¿qué compañía quiere estar vinculada con la financiación de violaciones a los derechos humanos en África?», indica.

El artículo, conocido como sección 1502 o de «minerales de conflicto», fue promulgado en 2010 dentro de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank.

En agosto de 2012 se terminó de detallar cómo las compañías registradas en Estados Unidos debían aplicar esa norma.

La sección 1502 establece que, a partir de principios de este año, las compañías que utilicen cualquiera de los cuatro minerales previstos (oro, estaño, tungsteno o tantalio, de uso extendido en electrónica) procedentes de la RDC o de países vecinos deberán presentar pruebas de que han realizado todos los trámites necesarios para asegurarse de que su compra no beneficia a grupos armados.

Inmediatamente, las poderosas asociaciones comerciales, que representan a empresarios y fabricantes estadounidenses, presentaron un recurso alegando entre otros argumentos que la disposición impone costes exorbitantes que no están bien evaluados.

A principios de este mes, la justicia estadounidense derogó otro artículo de la Ley Dodd-Frank que establecía que las grandes compañías mineras debían informar de todos los pagos que realizaran a gobiernos extranjeros.

Pero este martes, el juez Robert Wilkins rechazó cada una de las reclamaciones y dictaminó que el análisis económico de la Security & Exchange Commission (SEC), organismo encargado de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores, era «perfectamente apropiado».

«Teniendo en cuenta los elementos del plan de información, el tribunal encuentra un 'equilibrio razonable' entre las disposiciones relevantes de la sección 1502 y los objetivos a los que apunta la ley y el Congreso, de promover la paz y la seguridad en y alrededor de la RDC», escribe el juez Wilkins en un detallado informe de 63 páginas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los principales litigantes en este caso, dijo en una declaración que todavía «revisa el fallo del tribunal» y sus «opciones de aquí en adelante». «Seguimos creyendo que esta norma, aunque bien intencionada, no se sustenta en los propios registros de la agencia», indican los empresarios.

Gran oportunidad

Por ahora, la rotunda resolución del martes 23 allana el camino para la total puesta en marcha de la sección 1502, sin más demandas pendientes.

A pesar de la incertidumbre que prevaleció hasta esta semana en torno a la norma, el propio gobierno de la RDC y grandes compañías estadounidenses se han adelantado a tomar medidas al respecto.

«Ha habido una fuerte desconexión entre los grandes grupos industriales y sus posiciones extremas y algunas medidas tomadas por compañías particulares para ajustarse a la norma», señala Gilfillan, de Global Witness.

«Muchas no han esperado a que la resolución del proceso judicial les sacara el problema de encima, sino que han trabajado activamente para respetarla», apunta.

La gigante General Electric (GE), por ejemplo, declaró en mayo que «comparte el compromiso de asumir la responsabilidad de aliviar el sufrimiento causado por el conflicto en la RDC». También señaló que si bien forma parte de la Cámara de Comercio, «las opiniones y posiciones expresadas por ella son las suyas propias y no las de GE».

Otras grandes compañías que se han distanciado de la Cámara de Comercio en los últimos meses son Microsoft y Motorola. Además se han creado y se han fortalecido iniciativas industriales internacionales tras la aprobación de la sección 1502, como el Programa para Fundiciones Libres de Conflictos.

«Pedimos a todas las compañías que hagan todo lo posible para que los minerales que utilizan no alimenten las violaciones a los derechos humanos», remarca Gilfillan. «Tenemos una situación muy difícil en el este de la RDC, no podemos demorar más», añade.

Por su parte, el Ministerio de Minería congoleño declaró a finales de 2011 que la norma es «una gran oportunidad» para desvincular a los minerales de la violencia. El control de los recursos naturales ha estado en el centro del conflicto de la RDC desde hace más de 100 años.

El gobierno congoleño presentó el año pasado una ley que obliga a las compañías que utilizan los minerales de sangre a seguir el procedimiento debido en la cadena de suministro para asegurarse de que lo que adquieren no sirve para financiar violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades ya suspendieron a dos compañías chinas por no adherirse a este proceso.

Principios globales

La Ley Dodd-Frank sirve de catalizador de acciones globales contra los minerales de conflicto.

La Unión Europea considera adoptar una política similar a la sección 1502. Hace poco terminó un proceso de consulta y se prevé que haya un proyecto de ley antes de fin de año.

Pero algunas organizaciones de la sociedad civil están molestas con Washington porque todavía no implementa pautas internacionales sobre derechos humanos y responsabilidad empresarial.

Este miércoles, la coalición ICAR (siglas en inglés de International Corporate Accountability Roundtable), que reúne a organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos dedicadas a la responsabilidad empresarial, enviaron una carta al presidente Barack Obama pidiéndole que priorizara la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011.

Una misión de investigación de la ONU, señala la carta, concluyó que en Estados Unidos había «vacíos significativos» en los esfuerzos para implementar los Principios Rectores, así como «poco reconocimiento de que los derechos humanos son valiosos para la conducta empresarial».

El fallo judicial del martes 23 sobre la sección 1502 «reconoce que las empresas tienen una responsabilidad en materia de derechos humanos, y que el gobierno (de Estados Unidos) y organismos como la SEC pueden y deben garantizar que las operaciones empresariales no tengan un impacto negativo sobre ellos», dice Amol Mehra, director de ICAR, con sede en Washington.

«Pedimos un enfoque general del gobierno en lo que respecta a la relación entre empresas y derechos humanos, y que el presidente Obama aproveche la designación de cargos importantes en agencias y departamentos para cumplir con el deber de Washington de proteger los derechos humanos», puntualiza.

«Esperamos que haya más medidas para garantizar que precedentes como el artículo sobre los minerales de conflicto se defiendan, promuevan y amplíen», añade Mehra.