«Te maltratan, no te respetan. He visto palizas, sufrimiento, y no puedes defenderte. Cuando estás allí encerrado parece que estuvieras en otro mundo», relató a IPS el senegalés Salif Sy, que en 2011 pasó ocho días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital de España.

Tras los muros de los ocho CIE que hay en el país los inmigrantes son víctimas de abusos y malos tratos frecuentes por parte de la policía nacional encargada de su custodia, según alertan organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que critican las trabas en la investigación de las denuncias y la impunidad ante los delitos.

El 5 de este mes se celebró en esta ciudad de Málaga una sesión del juicio que se sigue contra cinco policías, procesados por presuntos abusos sexuales a varias mujeres internas en 2006 en el CIE de la localidad, que funcionaba en un antiguo cuartel militar y fue clausurado por ruina en junio de 2012.

«Los policías organizaban fiestas en las que se aprovechaban sexualmente de las internas. Es repugnante», nos contó el abogado de las testigos, Jaime Ernesto Rodríguez. El juicio quedará listo para sentencia el 17 de abril y los acusados se enfrentan a penas globales de 27 años.

«Dos de los agentes tenían acceso a los listados de las mujeres que entraban y elegían», detalló el defensor de tres testigos protegidas, de nacionalidad brasileña, hondureña y venezolana, expulsadas a sus países de origen en 2006, pese a la posición en contra del letrado y de varias organizaciones.

Según la Ley de Extranjería, los CIE son establecimientos «de carácter no penitenciario», «para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión» y nadie puede permanecer en ellos más de 60 días.

Diversas organizaciones sociales exigen su cierre por considerarlos «cárceles encubiertas», donde se vulneran los derechos humanos. Esta demanda es alentada por la posición del nuevo gobierno de Grecia. Su viceministro de Interior, Yannis Panousis, anunció el 14 de febrero el cierre progresivo de los cinco centros de detención de inmigrantes del país, después del suicidio en uno de ellos de un ciudadano paquistaní de 28 años un día antes.

La última denuncia en España la elevaron el 3 de febrero por supuestas torturas el argelino Mohamed Rezine Zohuir y el marroquí Ben Yunes Sabbar, que estuvieron detenidos en enero en el CIE de la ciudad de Valencia, según nos refirió el abogado Andrés García Berrio, del equipo jurídico de la campaña Tamquem Els Cies (Cerremos los CIE, en valenciano).

El letrado recalcó que el caso se está investigando y existen fotografías que muestran heridas en el rostro y la cabeza de los denunciantes que el centro achaca a autolesiones. Estos casos se añaden a las 40 denuncias por supuestas agresiones policiales presentadas en 2014 por los internos de ese CIE.

«Se debería asegurar que cualquier denuncia de maltrato se investigue de forma pronta, exhaustiva e imparcial. Nos preocupa la falta de mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas», nos explica la responsable en Amnistía Internacional de Política Interior y Derechos Humanos, Virginia Álvarez.

El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió en noviembre explicaciones al gobierno español «ante los casos de malos tratos en los CIE y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias».

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, rechazó en una entrevista el 22 de febrero que hubiera torturas en los CIE. «¿Cómo se va a torturar en los CIE? Pongo la mano en el fuego porque no se está torturando. Y si alguna persona cometiese esa barbaridad estaría cometiendo un delito», declaró. «Hay denuncias falsas», agregó.

Sin embargo, García Berrio cree que «no hay ninguna voluntad para resolver la situación por parte del Ministerio del Interior». Advierte sobre la «obstaculización de las investigaciones» y pone como ejemplo dos procedimientos en los que «han desaparecido» grabaciones de cámaras que servían como pruebas»por supuestos problemas técnicos».

En los CIE se han producido «aberraciones», cuenta el abogado Rodríguez, quien detalló el caso de la inmigrante brasileña y testigo protegida en el juicio contra los policías en el CIE malagueño, que ingresó en ese centro con un embarazo de riesgo y sufrió un aborto mientras esperaba su expulsión.

Rodríguez presentó una denuncia contra la policía «por omisión de deber de socorro», que fue sobreseída. «La impunidad preside los abusos de la policías en los CIE»,asegura el presidente de la no gubernamental Asociación Española para el Derecho Humano de la Paz, Carlos Villán, quien considera que los agentes «no han recibido la formación adecuada ni se les previene de que la tortura y los malos tratos están prohibidos tanto por el Derecho español como por el Derecho internacional».

Algunas personas internadas en los CIE han muerto debido a las «inadecuadas condiciones de detención y a la falta de atención médica», recordó Villán, aunque no brindó el número preciso. «Ha habido suicidios, violaciones. Mucha gente ha padecido todo tipo de vejaciones y lagunas jurídicas en el CIE de Málaga durante décadas», afirma el activista Luís Pernía, presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, que engloba una veintena de organizaciones.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de marzo de 2014 el reglamento que fija el funcionamiento y régimen interior de los CIE. Hasta entonces los internos se encontraban en un «páramo jurídico» sin regulación específica, como las que tienen las cárceles, para garantizar los derechos y libertades de los internos.

Pero Villán piensa que pese a este reglamento «los torturadores siguen teniendo garantizada la impunidad en sus abusos a personas en situación de especial vulnerabilidad, inmigrantes sin papeles, aislados de sus familiares y amigos, sin recursos para pagarse un abogado y sin conocimiento de la legalidad española y menos la internacional».

«Dentro del CIE se demuestra racismo. Hay mucho sufrimiento», relató el senegalés Salif, que llegó en patera a Tenerife en 2006. Muy involucrado en distintas asociaciones y arraigado en la ciudad de Albacete, semanas antes de su detención interpretó al Rey Baltasar en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos de la ciudad. La presión de organizaciones y amigos impidió su deportación.

«Todos somos inmigrantes, todos somos iguales, tengo que seguir luchando por la gente que viene detrás de mí», contó Salif, casado con una española que era su pareja cuando lo detuvieron en la vivienda común en 2011.

Del total de 49.406 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en 2013 por infringir la Ley de Extranjería, 9.002 fueron internados en los CIE y de estos 4.726 finalmente expulsados, constata el informe Mecanismo Nacional parar la Prevención de la Tortura, publicado el año pasado por la Defensoría del Pueblo.

Ello sucede, acota el documento, «a pesar de que con la medida de internamiento se pretende asegurar la repatriación efectiva del ciudadano extranjero».

Se confina a personas en los CIE «a sabiendas de que no pueden ser expulsadas -si no hay convenio de repatriación con sus países-, a enfermos, posibles víctimas de trata o potenciales solicitantes de asilo, se están violando los derechos humanos», asevera Álvarez, de Amnistía.