Después de más de un año sin respuestas sobre un bombardeo que mató a 34 kurdos, el gobierno de Turquía es ahora el blanco de fuertes críticas por lo que muchos consideran una propagada cultura de impunidad. «Ha pasado un año y no vemos ningún paso importante. Nadie ha sido arrestado», señala Tahir Elci, de la Asociación de Abogados de Diyarbakir, que reúne a más de 800 defensores en esa ciudad de mayoría kurda.

El 28 de diciembre de 2011, la fuerza aérea turca bombardeó a un grupo de aldeanos kurdos que contrabandeaban azúcar, combustible y cigarrillos desde el Kurdistán iraquí a través de una conocida ruta de comercio. En base a imágenes captadas por aviones no tripulados, Turquía habría confundido a los traficantes con combatientes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Había 17 niños entre las víctimas del bombardeo, que pasó a ser conocido como la masacre de Uludere o Roboski, según el nombre turco o kurdo respectivamente de la aldea en que ocurrió.

Elci denuncia que «habitualmente, los fiscales y otras autoridades protegen a los perpetradores, y las víctimas afrontan muchas barreras cuando intentan hacer justicia». «Aun si los responsables no son castigados, es muy importante que los familiares de las víctimas conozcan la verdad».

En enero de 2012, el gobierno creó una comisión para analizar lo ocurrido, que todavía no ha presentado sus conclusiones. La oficina del fiscal de Diyarbakir, que tiene a cargo una investigación penal sobre la matanza, nunca ha completado su trabajo. «La falta de progresos en todo un año en todas las investigaciones sobre el incidente en Uludere es muy preocupante, porque coincide con la renuencia general de las autoridades a dar cuentas ante el público», señala en una declaración Emma Sinclair-Webb, investigadora sobre Turquía de la organización internacional Human Rights Watch. «Hacer responsables a las autoridades del Estado que mataron civiles es crucial para mantener la democracia y el imperio de la ley», subraya.

El asesinato de tres activistas kurdos por los derechos humanos, incluyendo a un cofundador del PKK, hace unos días en París, ha vuelto a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la lucha de esa minoría étnica en Turquía. Los analistas opinan que los asesinatos, a los que la policía local califica de ejecuciones profesionales, habrían tenido el propósito de hacer fracasar un eventual acuerdo de paz que negocian desde enero de 2012 el primer ministro Tayyip Erdogan y el líder del PKK, Abdalá Ocalan, encarcelado actualmente.

El pueblo kurdo rondaría en total los 55 millones de personas, repartidas en Turquía, Irán, Iraq y Siria. Grupos de derechos humanos estiman que el gobierno turco arrestó a miles de ciudadanos kurdos en los últimos años, incluyendo alcaldes, académicos y abogados. Muchos son investigados por supuestos vínculos con la Unión de Comunidades del Kurdistán, un grupo de la sociedad civil que el gobierno considera el ala civil del PKK.

Umut Suvari es miembro del concejo municipal de Diyarbakir y fundador de la Asociación Jóvenes y Cambio, que capacita y apoya a kurdos. Suvari explica que la nueva generación de kurdos está adoptando una postura más radical que la de sus padres, debido a la creciente presión sobre su comunidad.

En 2012, Turquía encarceló a más periodistas que cualquier otro país del mundo. La mayoría de esos reporteros eran kurdos, acusados de delitos relacionados con terrorismo. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, «la mayoría de los códigos y estatutos penales permitió que las autoridades turcas confundieran la cobertura (periodística) sobre grupos prohibidos y la investigación de temas sensibles con un abierto terrorismo».

La enseñanza de la lengua kurda solo fue introducida en las escuelas públicas turcas como una materia opcional a comienzos de este año. Antes, a los estudiantes de esa minoría étnica se les prohibía hablar su lengua materna. «Ya no se preocupan. Se unen a manifestaciones sabiendo que van a ser detenidos», explica Suvari desde su oficina en Diyarbakir. «Le estamos enseñando algo diferente aquí. Pueden ver cuán poderosos son cuando se involucran. Cuando se les da una oportunidad, hacen grandes cosas».

El activista kurdo Emrah Ucar, de 28 años, fue educado en Diyarbakir, pero nunca aprendió a hablar la lengua de su familia. A pesar de eso, dice que haber crecido en esa ciudad le permitió tener una gran conciencia política desde que era adolescente. «Habría sido diferente si hubiera crecido en Estambul, pero crecí en Diyarbakir y fui testigo de muchas cosas», recuerda Ucar. «No tenemos miedo de perder nada, porque muchos familiares y amigos ya están en prisión».

Ucar ayudó a organizar un encuentro en Estambul a finales de diciembre para recordar el primer aniversario de la matanza de Roboski. Decenas de intelectuales y artistas se hicieron presentes, y el mitin fue transmitido en directo por Internet. «Para entender Roboski, hay que entender la historia. Los kurdos han sido sistemáticamente asesinados desde la creación de la República (turca). No tienes que ser guerrillero para morir a manos del Estado turco. La cuestión kurda no comenzó con el PKK», señala.