El conflicto que se desató en abril de 2014 entre los separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas afecta a más de cinco millones de los 45 millones de habitantes de este país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos de derechos humanos advierten de que cerca de 1,4 millones de personas son «altamente vulnerables» a causa del desplazamiento, la falta de ingresos y el deterioro de los servicios esenciales, como lo es la atención sanitaria.

Los combates y las medidas impuestas por ambas partes han interrumpido o cortado del todo los suministros médicos. Algunos hospitales han sido destruidos y otros soportan los constantes cortes de energía y de agua y la escasez del personal médico que huye del conflicto.

La falta absoluta de vacunas amenaza con desatar brotes de enfermedades como poliomielitis y sarampión. La escasez de medicamentos vitales y la imposibilidad de hacer un seguimiento de los pacientes hace temer por la suerte de las personas que viven con VIH o padecen sida o tuberculosis.

Las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas indican que el conflicto ha desplazado a más de 700.000 personas dentro del país, y a ese número se sumarían hasta 100.000 más por semana. Los desplazados viven en condiciones desesperadas, lo cual agrava el riesgo sanitario y la posibilidad de propagación de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis.

Algunos sectores de la población afrontan obstáculos adicionales para acceder a la atención sanitaria.

Ucrania tiene una de las peores epidemias de VIH/sida en el mundo, principalmente por el uso de drogas inyectables. Pero, a diferencia de muchos estados de Europa oriental, el país aplica desde hace más de una década una elogiada política de reducción de daños que ha mantenido a raya a la enfermedad.

Los usuarios de drogas pueden recurrir a la terapia de sustitución de opiáceos (TSO) en todo el país, lo cual es importante en el este de Ucrania ya que la mayoría de los adictos a las drogas inyectables son oriundos de las orientales regiones de Luhansk y Donetsk.

Pero las organizaciones que trabajan con los consumidores de drogas dicen que el conflicto complica y podría suspender el acceso al tratamiento en esas zonas en cuestión de semanas a medida que se agotan las reservas de metadona y buprenorfina utilizadas en el tratamiento.

La Alianza International de VIH/sida de Ucrania, que dirige muchos centros TSO y otros programas de reducción de daños, advierte de que los medicamentos antirretrovirales y para las terapias sustitutivas se habrán agotado para febrero.

Más de 300 pacientes en TSO en Donetsk y Luhansk dejaron de recibir el tratamiento desde el inicio del conflicto, y 550 pacientes más corren ese riesgo si no se renueva pronto el suministro de metadona. Funcionarios de la ONU y médicos en Donetsk nos confirman que las clínicas solo tienen metadona para unas semanas más.

«Hay graves problemas con el suministro de medicamentos. Los últimos envíos fueron en septiembre... y algunos pacientes han tenido que abandonar el tratamiento. Muchos lo seguían desde hace 10 años y en ese lapso han forjado una vida nueva y dejado atrás su pasado, en ocasiones delictivo. Fue absolutamente trágico para ellos cuando lo dejaron», asegura un médico que pidió no ser identificado.

Añade que el 60 por ciento de los pacientes que reciben TSO son seropositivos y que muchos recurren a drogas ilícitas y comparten jeringas, así que ahora que el tratamiento está suspendido, existe el temor de propagación de la enfermedad, que junto con la hepatitis C está generalizada entre los adictos, además de la tuberculosis.

Andriy Klinemko, un paciente en TSO, tuvo que huir de Donetsk con su esposa cuando un bombardeo destruyó su casa el último verano. «Los pacientes del este en TSO... se ven obligados a mudarse, pero no todos pueden e incluso aquellos que lo hacen... es posible que no logren continuar el tratamiento porque no hay dinero para los programas. La situación es mala y por ahora no veo que vaya a mejorar», se lamenta desde Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania.

La comunidad gitana de Ucrania también tiene problemas para acceder a la asistencia sanitaria. Históricamente, sus aproximadamente 400.000 integrantes, como sucede en otros países, han sufrido una discriminación generalizada, que también abarca al empleo y la educación.

Además, muchos romaníes no tienen documentación de identidad oficial lo cual es un obstáculo para acceder a la atención sanitaria, mientras que su pobreza generalizada también les cierra el paso a los servicios de pago, así como su aislamiento, dado que muchas de sus comunidades están lejos de los centros de salud más cercanos.

«Incluso antes del conflicto, los romaníes en Ucrania tenían acceso limitado a los servicios de salud preventiva y curativa. Como resultado, los niños... tienen una cobertura muy baja de vacunación. Además, las tasas de tuberculosis y otras enfermedades... son más altas» en esa población, asegura la médica Dorit Nitzan, jefa de la OMS en Ucrania.

La discriminación también agrava el problema, según Zola Kondur, del grupo de derechos de los romaníes Chiricli. «En cuanto a la salud, los romaníes se encuentran entre los más vulnerables del país. Se les trata mal a causa de su origen étnico», afirma.

Pero algunas organizaciones denuncian que desde que los grupos separatistas tomaron el control de la región, los gitanos han sufrido una represión violenta, sistemática y, en ocasiones, fatal.

Un informe publicado este mes por el Grupo de Protección de los Derechos Humanos Kharkiv, tras una misión internacional para analizar la situación en Ucrania, señala que los gitanos de las zonas en control de los separatistas «han estado sometidos a la agresión abierta de los combatientes», que «llevaron a cabo una auténtica limpieza étnica» contra la comunidad. Muchos han huido convirtiéndose en desplazados internos.

«Como en todas las crisis, sin atención especial los grupos marginados y vulnerables corren mayor riesgo. En Ucrania, muchos romaníes carecen de documentación civil, y por lo tanto no pueden registrarse como desplazados internos y no están incluidos en la prestación de ningún servicio de salud», explica la doctora Nitzan.