«Se puede afirmar que las medidas de austeridad han conducido a una creciente fractura social en España», resalta el informe. Así, cita los sectores clave en los que el empeoramiento se ha producido a mayor escala. En educación, el texto considera que las medidas adoptadas al principio de la crisis –como la reducción de los salarios a los profesores, o el recorte de presupuesto en educación, entre las que se incluye un descenso en las becas, «podrían llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad». Ello afectaría negativamente, según explica el texto, «al desarrollo económico y social del país a medio plazo».

La sanidad, por la que se han manifestado todos los simpatizantes y trabajadores congregados en la marea blanca, también se aborda en el informe. Avisa de que «los graves riesgos que corren importantes grupos de población, especialmente los que tienen menores ingresos y están en peligro de exclusión» pueden llegar a hacer que renuncien a algunos servicios de atención básicos. Asimismo, expresa su preocupación por las crecientes diferencias entre comunidades autónomas.

El estudio también aborda la cuestión del derecho al trabajo donde apunta que a causa de la reforma laboral de 2012 se «redujeron los costes de los despidos con un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias», en particular cita, a aquellos «peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos». Asimismo, lamenta que la reforma de las pensiones lleve a «una reducción de las cuantías» afectando al poder adquisitivo de los pensionistas.

El informe critica la nueva ley sobre tasas judiciales y considera que debido a su aumento, «limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia». Asimismo, lamenta que pese a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, los cambios que se hicieron se consideren insuficientes.

Otro de los derechos fundamentales abordados es el derecho a la reunión. Recuerda que durante las manifestaciones pacíficas del 15-M se produjo «una respuesta represiva por parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado» y destaca las críticas a la primera versión de la ley de Seguridad Ciudadana, llamada por los españoles «ley mordaza».

Finalmente, también destaca la «especial preocupación en España» al derecho a la vivienda y la cuestión de los desahucios y explica «las injustas cláusulas de algunos contratos de hipotecas», a favor de los bancos. El informe recuerda que el Defensor del Pueblo ha pedido en reiteradas ocasiones cambios en la ley que obliga a las personas desahuciadas a seguir pagando la hipoteca después de haber entregado la casa.