La Federación Internacional de Periodistas (FIP), por carta de su Secretaria General, Beth Costa, señala su inquietud por los detalles más controvertidos que contiene el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que prepara el ministerio de Interior de España.
En esa carta al responsable de ese departamento ministerial, Jorge Fernández Díaz, responsable de los asuntos policiales, Beth Costa le expresa su desacuerdo sobre aspectos precisos, como las limitaciones a los derechos de expresión, libertad de prensa y manifestación. También comparte la inquietud de los periodistas españoles y de sus organizaciones afiliadas a la FIP, que han pedido una reunión urgente al ministro para expresarle sus críticas y su oposición al polémico proyecto de ley.
Ésta es la versión, traducida en español, del texto de la carta enviada por la Secretaria General de la FIP al señor Fernández Díaz:
Bruselas, 21 de noviembre de 2013
Estimado señor Fernández Díaz, estimado ministro:
Por nuestros afiliados en España, hemos sabido del proyecto de ley que prepara su departamento sobre seguridad ciudadana.
Tenemos que manifestarle nuestro desacuerdo con las limitaciones, que propone dicho proyecto de ley, de algunos derechos democráticos tales como las protestas públicas y manifestaciones que se acerquen a determinadas instituciones (el parlamento, por ejemplo). Asimismo tenemos dudas sobre la posibilidad de que la policía declare «zonas de seguridad» en casos en que los manifestantes se acerquen a los domicilios de ciertos políticos.
En los dos años anteriores, a través de los medios de comunicación internacionales, hemos sabido que esa clase de protestas han sido frecuentes en España, especialmente debido al aumento del malestar social causado por los recortes presupuestarios -las llamadas reformas- que decidieron determinadas instancias internacionales y su propio gobierno. Reunirse y manifestarse en las calles es para la gente -y así debería seguir siendo- un comportamiento normal propio de nuestras sociedades democráticas.
Pero lo que más nos alarma, como periodistas, es su intención de proponer sanciones y castigos para los medios, los fotógrafos y los periodistas si su trabajo tiene algún impacto, o provoca «daños» morales o físicos, a los policías o fuerzas de seguridad. Según la prensa española, las multas en casos así pueden ascender hasta 600.000 euros. A este respecto, apoyamos a nuestras organizaciones afiliadas en España (FAPE, FeSP y FSC-CCOO) que consideran inconstitucional dichas proposiciones de su ministerio.
Pensamos que son absolutamente desproporcionadas y pueden crear inseguridad jurídica para fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas y también para los editores, que se limitan a ejercer su oficio en lugares públicos y en asuntos de interés público.
Esperamos que acepte reunirse con los representantes de las citadas organizaciones de periodistas para escuchar sus quejas sobre el polémico proyecto de ley, que aún deben aprobar su gobierno y su parlamento.
Cordialmente,
Beth Costa
Secretaria General de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
