Una vez conocida la muerte de las más de 800 personas, entre ellas se calcula que cerca de medio centenar de niñas y niños, las reacciones y declaraciones de las diferentes formaciones políticas no se hicieron esperar. Tampoco las de quienes representan la cara más cerrada de la UE como comunidad política de derecho, creada según sus fundadores para la integración y gobernanza en común de los Estados y pueblos de Europa.

Nigel Farage, líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), de ideología liberal y euroescéptica, fue uno de los primeros en salir a la palestra; en una entrevista a la cadena británica BBC, pidió rechazar a los inmigrantes con la Armada, hasta admitir a no más de «unos pocos cristianos».

Tampoco faltó a su cita con los titulares el holandés Geert Wilders, dirigente del Partido por la Libertad (PVV), de tendencia conservadora y liberal. Bajo un programa que aboga por prohibir el Corán y cerrar las escuelas islamistas, Wilders ha grabado un video en el que pide a la UE que tome como ejemplo la rígida política de aislamiento australiana y que envíe de vuelta a todos los sin papeles interceptados.

En Francia, Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional (FN), aclaró el jueves que la solución es hacer «nuestros países menos atractivos». Y puso sus medidas concretas sobre la mesa: que las niñas y niños de los inmigrantes no tengan acceso ni a la escuela ni a la sanidad públicas, y que se queden sin asistencia social. Lo detalló en la gala que la revista estadounidense Time celebró en Nueva York, donde fue invitada como una de las cien personalidades más influyentes del mundo.

La postura oficial

Sin ir tan lejos, la propuesta de la Comisión Europea también se mueve en la misma dirección. «La mejor manera de evitar que las personas mueran ahogadas es asegurar que no suban a estos barcos», ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a la hora de explicar la principal novedad: una operación militar destinada a desmantelar las embarcaciones utilizadas por las mafias. Unas mafias a las que por ejemplo el presidente francés, François Hollande, ha llamado «terroristas», al mismo tiempo que no esconde su intención de blindar sus fronteras.

De momento, los fondos para dicho cometido (operación Tritón) van a triplicarse, pasando de los 2,9 millones de euros mensuales a cerca de 9. También se amplía el mandato de la agencia europea que supervisa las fronteras exteriores, Frontex. La dificultad de lograr los objetivos ha sido admitida tanto por algunas fuentes diplomáticas como por el propio Tusk, quien ha pedido a los países que «sacrifiquen sus intereses por el bien común». Dicho y no hecho, la falta de entendimiento ha provocado que la puesta en marcha de las medidas sea en última instancia voluntad de los Estados.

Lo que sí ha puesto sobre la mesa el rotativo The Guardian ha sido el número máximo de refugiados que pretende acoger la Unión Europea: 5.000 (de los 150.000 que se estima serán repatriados). Cifras todavía provisionales pero que ya ha sido criticadas por líderes como el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien considera que tiene «poco sentido» en un contexto en el que el número de personas que llega es mucho mayor.

En todo caso, lo que parece evidente es que el discurso de figuras como Farage, Wilders y Le Pen va calando poco a poco. El diario alemán Die Tageszeitung, de línea editorial ecologista, habla incluso del 'gobierno secreto de la UE'. No hay que olvidar que las estimaciones de voto en sus respectivas circunscripciones otorgan un peso considerable a estos nuevos actores políticos. Una suma de votantes a la que no están dispuestos a renunciar las formaciones tradicionales, que adaptan su discurso según las corrientes electorales.