La decisión del Consejo Superior de los Jueces y Fiscales de Turquía de expulsar de su carrera a miles de jueces/zas y fiscales así como la detención y la privación de libertad de cientos de ellos/as son totalmente arbitrarias y han sido realizadas fuera de todo proceso legalmente establecido.

Es difícil creer la explicación de que todos estos jueces/zas y fiscales, que lo único que hacían era cumplir sus funciones, pudieran estar implicados/as en una conspiración de dar un golpe de estado y que en tan solo unas horas las autoridades turcas hayan podido elaborar una lista de casi 3.000 jueces/zas y fiscales que han sido depurados.

Hace ya tiempo que advertimos a través de los informes de MEDEL la inquietud que generan los indicios de pérdida de calidad de la democracia en Turquía. Sin embargo, todos estos avisos, que fueron enviados en su momento a las instituciones europeas fueron ignorados, y finalmente se ha creado el ambiente propicio para que el ejecutivo, de manera arbitraria, ejecute acciones contra el poder judicial en ese país.

Todos los líderes europeos han manifestado el apoyo al gobierno democráticamente elegido en Turquía. Sin embargo, no debemos obviar que eso significa también, como gobierno democrático que dice ser, respetar el estado de derecho. Por lo tanto, entendemos que es deber de las instituciones europeas reaccionar, de manera específica, cuando el poder judicial, garante de un estado de derecho, es atacado de manera arbitraria y con ello demostrar que los derechos humanos y las libertades, la democracia y el imperio de la ley, no solo son palabras, sino la esencia del espacio común europeo. El silencio en estos momentos equivale a abdicar de los valores europeos fundamentales.

La especial situación en Turquía no justifica la purga y la detención arbitraria de miles de magistrados/as. La Seguridad no se construye sobre la brutal violación de los derechos fundamentales ni socavando la independencia del poder judicial, ni aprovechando el silencio de las instituciones democráticas internacionales. No hay democracia y no hay estado de derecho sin un poder judicial fuerte e independiente.

Por todo ello:

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales expresa su plena solidaridad con los jueces/zas y fiscales que en Turquía defienden los principios y valores de la democracia, estado de derecho, derechos fundamentales y la libertad de cada ciudadano/a. Puede asegurar también que pondrán todos los medios necesarios a su alcance para hacer conseguir el retorno de los magistrados/as y fiscales detenidos, para que sean liberados y puedan volver con seguridad con sus familias.

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales piden a cada juez/a y fiscal que exija a sus gobiernos la condena al golpe de estado contra el poder judicial y la democracia en Turquía.

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales instan a todas las instituciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea a condenar enérgicamente el brutal ataque del gobierno turco a la independencia del poder judicial y que exija al gobierno turco que libere inmediatamente a todos los fiscales y jueces/zas que han sido arbitrariamente cesados y detenidos sin el respeto al proceso debido y a sus derechos fundamentales.