El Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afectan los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Árabes en los Territorios Palestinos Ocupados completó el trabajo de su misión investigadora anual en Jordania el 8 de este mes, el mismo día en que el padre del bebé también sucumbió a las severas quemaduras que sufrió cuando unos colonos incendiaron la vivienda de la familia.

El Comité se declaró «alarmado» por la escalada de violencia contra los palestinos, culpando a un «clima de impunidad relativa a las actividades de los colonos» de tragedias como la perpetrada el 31 de julio en Duma.

En un comunicado divulgado el 10 de este mes, el Comité revelaba que todos los testimonios de varias organizaciones de la sociedad civil y funcionarios palestinos apuntaban a la misma conclusión: que mientras el gobierno de Israel no controle la actividad de los asentamientos ilegales en Cisjordania, la violencia probablemente continuará.

Según el movimiento Shalom Ajshav (Paz Ahora), los colonos israelíes en Cisjordania son actualmente unos 350.000, y se estima que hay otros 300.000 que residen en partes de Jerusalén que Israel capturó a Jordania y se anexionó ilegalmente en 1967.

Las colonias se concentran principalmente en una zona delimitada como «Área C», que representa el 61 por ciento del territorio de Cisjordania. Allí, unos 60.000 palestinos están hacinados en un espacio cada vez más reducido, mientras que nuevos asentamientos los segregan y marginan aún más.

El año pasado, Israel aumentó su gasto anual destinado a la actividad de los asentamientos en Cisjordania a 100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 600 por ciento en relación al año anterior. Si se añade el gasto de asentamientos en los altos del Golán, el número se dispara a 200 millones de dólares anuales.

Según Shalom Ajshav, desde 2009 el gobierno israelí ha aprobado licitaciones para unas 4.485 nuevas unidades, entre ellas casas, carreteras, edificios industriales y sitios agrícolas. En los últimos dos años solamente, dos tercios de las nuevas construcciones tuvieron lugar en el lado palestino de una frontera acordada en el marco de la Iniciativa de Ginebra de 2003.

En incontables ocasiones, la ONU ha reiterado que construir asentamientos en tierras ocupadas es ilegal según el derecho internacional. Pese a las súplicas de varios secretarios generales del foro mundial, incluido el actual, Ban Ki-moon, ahora hay cerca de 220 colonias israelíes dispersas por toda Cisjordania.

Un informe exhaustivo del diario The New York Times señaló que estas residencias van de rudimentarios «puestos de avanzada en lo alto de las colinas» a ciudades de crecimiento descontrolado que poseen sus propias universidades y salas de cine. En esta última categoría, el más grande es el enclave conocido como Modiin Illit, donde viven 60.000 personas que crece a gran velocidad. Solo en 2009 registró 60 nacimientos por semana.

Además de anexar tierra palestina y de fragmentar más Cisjordania, la expansión de las colonias también contribuye a alimentar un clima de impunidad en el que los crímenes contra los palestinos –a menudo a manos de los propios colonos– siguen fuera de control.

Un informe de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din revela que «apenas un 7,4 por ciento de las investigaciones policiales llevadas a cabo por la Policía del Distrito de Samaria y Judea sobre delitos cometidos por civiles israelíes contra palestinos y propiedades palestinas en Cisjordania derivaron en cargos contra los sospechosos». Judea y Samaria son los nombres bíblicos con que los colonos designan a Cisjordania.

La organización añadía que la cifra se basa en una muestra de unas 1.000 investigaciones realizadas por esa fuerza policial entre 2005 y 2014. Muchos actos de violencia y vandalismo ocurren en tierras agrícolas palestinas, o en los suburbios de las aldeas palestinas. Yesh Din etiqueta a estos ataques como «una estrategia calculada, diseñada para restringir y desposeer a los palestinos de su tierra».

Solo en los primeros siete meses de este año, la ONU ha documentado unos 120 ataques perpetrados por colonos judíos contra palestinos que viven en Cisjordania. Informes de Yesh Din señalan que estos incidentes violentos cubren todo el espectro que va desde tiroteos hasta palizas, o hasta atropellar palestinos con vehículos. Los colonos también suelen intentar destruir tierras agrícolas palestinas talando árboles, incendiando cultivos, dañando maquinaria o robando y envenenando al ganado.

Los ataques contra la propiedad representan el 41 por ciento de todas las demandas presentadas, la mitad de las cuales implican la destrucción de frutales. Desde 1967, unos 800.000 olivos fueron arrancados en Cisjordania y Gaza.

Yesh Din también señala que el cinco por ciento de los archivos de investigación de la Policía del Distrito de Samaria y Judea «incluyen la matanza de animales de granja, la profanación de mezquitas y cementerios, la evacuación de aguas servidas sobre tierra agrícola palestina (y) el vertido de desechos sobre tierra perteneciente a palestinos».

Otro 14 por ciento de los delitos penales contra palestinos involucran a colonos que intentan quedarse con tierra palestina cultivando sin autorización, vallando ciertas áreas, traspasando ilegalmente o instalando casas e invernaderos portátiles del lado palestino de la frontera.

Aunque el gobierno israelí a menudo condena públicamente la violencia que ejercen los colonos, si se echa un vistazo a los números se obtiene un panorama más claro de sus políticas.

Según un análisis exhaustivo de los costes económicos de los asentamientos, publicado este año por el Centro Macro para la Economía Política, con sede en Tel Aviv, en 2014 el Estado asignó 950 dólares a cada israelí residente en Cisjordania, el doble de lo que gastó en los habitantes de ciudades más grandes como Tel Aviv o Jerusalén.

Su gasto destinado a ciudadanos israelíes en asentamientos más aislados fue de 1.480 dólares por persona el año pasado.