Según el VII Informe de la Fundación FOESSA-Cáritas presentado este martes, casi 3 de cada 4 personas gitanas que viven en España (el 72%) se encuentran en situación de exclusión social: 54% de ellas en exclusión severa, más del doble que hace 4 años y cinco veces más que el resto de la sociedad.
El informe confirma que la crisis, y las respuestas políticas que se le han dado, han intensificado los procesos de exclusión social de las familias gitanas que, ya antes de la crisis, destacaban por su gravedad.
Las conclusiones del VII Informe FOESSA son determinantes: la fractura social se ensancha en España, la situación social empeora y se extiende a amplios sectores de la población, afectando a algunos grupos sociales más que a otros, este es el caso de la población gitana, que el informe estima entre 800.000 y 1 millón de personas.
«Los niveles de exclusión en la comunidad gitana son alarmantes y su situación está empeorando muy rápidamente con la crisis y los recortes sociales», dice el informe que hace hincapié en la incidencia que ha tenido la crisis en los diferentes grupos étnicos.
En el caso de la comunidad gitana, el informe FOESSA 2013, dice que el porcentaje de población gitana en condiciones de integración (integración / integración precaria) es el mismo que en el año 2009 con ligeras variantes (24% en 2009, 27% en 2013), pero el gran cambio se produce en el significativo paso de situaciones de exclusión moderada a exclusión severa. En 2009 el 50% de la población gitana vivía en situación de exclusión moderada y el 26% en exclusión severa; en 2013, el 54% vive en exclusión severa y el 18% en exclusión moderada.
En relación con el resto de la población española, en 2009 la brecha era del 26,6 % de la población gitana en situación de exclusión extrema, frente a un 5,8% del conjunto de la sociedad, en 2013 la distancia ha aumentado, el 54,4% de las personas gitanas vive en exclusión extrema, frente al 9,5% del conjunto de la sociedad.
La exclusión del empleo, la educación, la vivienda y la salud de las personas gitanas son las variables más destacadas de acuerdo a los datos del estudio. El 78,6% de los gitanos no tenía trabajo en 2013, según la Fundación Secretariado Gitano, este porcentaje es «claramente superior al del conjunto de la población española»; aunque en el «caso de los hogares gitanos no se trata de un fenómeno coyuntural, sino estructural».
En cuanto a la educación la exclusión entre las personas gitanas se ha duplicado en los últimos años (del 18,2% en 2007 al 36,7% en 2013) al contrario que en el resto de la población.
Los datos del estudio muestran además que hay una clara relación entre nivel educativo e intensidad de la exclusión. Cuanto mayor es el nivel de estudios de las personas, menores son las posibilidades de sufrir procesos de exclusión social.
El informe FOESSA llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de dos grupos con repercusión en el futuro y que afectan muy especialmente a la comunidad gitana: la infancia y los jóvenes desocupados fuera del sistema educativo. Más de 1 de cada 10 jóvenes de 16 a 26 años que no estudia ni trabaja es gitano.
En España hay 5 millones de personas en situación de exclusión severa justo donde se concentra el 54% de la población gitana, un 82,6% más que en 2007.
Una importante conclusión del informe, es que ha crecido significativamente la acumulación de problemas en distintas dimensiones de entre las analizadas en el estudio, por lo que «las políticas de inclusión que se diseñen en el futuro deberán ser más complejas, más multidimensionales y más integrales si quieren ser efectivas».
La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de protección, ha acentuado la brecha de desigualdad entre los más excluidos y ha llevado la vulnerabilidad a capas de población que no la habían conocido antes.
Ante los datos del informe la Fundación Secretariado Gitano pide una «respuesta política inmediata y un esfuerzo de inversión» dirigido a frenar el profundo y rápido deterioro de las condiciones de vida de la población gitana. «Atajar esta grave situación de exclusión y desigualdad exige, tal como propone el informe, priorizar la atención a los fenómenos de exclusión y pobreza severa: deben ir primero los que peor están». Añade que «es una cuestión de justicia social, de interés general y de viabilidad económica.
