La denuncia, presentada en nombre de la Coordinadora Anti-trasvase en 2012, considera que la propuesta del Plan Hidrológico para la cuenca del río Ebro infringe varias normativas europeas, en particular las directivas marco sobre el agua, la del Hábitat y la de responsabilidad ambiental.

La asociación considera que el plan tendría graves consecuencias para el medio ambiente en la cuenca fluvial e invita a los eurodiputados a realizar una visita de estudio a la zona del Delta del Ebro para conocer la situación sobre el terreno, porque el análisis del gobierno español tiene «muchas inconsistencias» debido a que no se estudió toda la zona. Los peticionarios han afirmado ante la comisión de peticiones de la Eurocámara que «según la Directiva marco del agua debería haber unos objetivos medioambientales, pero el plan no los fija». «Se ha incumplido (por lo tanto) el derecho comunitario», ha señalado la portavoz, Susanna Abella.

Asimismo, han criticado que el plan prevé un aumento de 450.000 hectáreas para regadío y la creación de al menos 35 nuevos embalses, al tiempo que han denunciado que el caudal se ha reducido en ciertas zonas de la cuenca. También han lamentado que el plan hidrográfico «está totalmente maquillado» y que no existan evaluaciones del estado de los puntos claves de la cuenca, especialmente de los espacios protegidos como el Delta, que permitan comprobar a posteriori si se ha producido un deterioro en el terreno.

Por su parte, la Comisión Europea, representada en la reunión por una de sus oficiales, ha explicado que está finalizando la evaluación de los planes hidrológicos presentados por España y que presentará su informe definitivo antes de finales de marzo de 2015. Señala asimismo que el Ejecutivo comunitario está preocupado sobre todo por las «deficiencias en los sistemas de seguimiento del estado de las aguas y por los métodos de evaluación del estado ecológico». Una evaluación según el eurodiputado Ernest Urtasun (Verdes) «inusualmente dura» por lo que cree que hay esperanzas a favor de los denunciantes. Además les inquieta el «número relativamente alto de nuevas infraestructuras que tienen un impacto grande en las masas de agua y no están suficientemente justificadas en los planes».

Bruselas ya trasladó sus preocupaciones al respecto al Gobierno español en una reunión bilateral celebrada en noviembre. No es la primera vez que el Ejecutivo comunitario llama la atención a España: llevó al país al Tribunal de Justicia de la UE por los retrasos a la hora de aprobar los planes hidrológicos de cuenca y los programas de medidas para cada demarcación geográfica, tal como se establece en la Directiva Marco del Agua, y fue finalmente condenado en 2012.

La mayor parte de eurodiputados alabaron el papel de evolución del Ejecutivo comunitario, sin embargo, muchos han discrepado sobre qué acciones emprender ahora. «Entendemos que se incumplen tres directivas y no se respeta el caudal ecológico. Apoyamos que haya una misión de investigación», ha afirmado la eurodiputado por Izquierda Unida, Marina Albiol, para quien este plan se basa en poner el agua «al servicio de un modelo económico depredador y necesidades artificiales».

Por su parte, Rosa Estarás (PPE) ha apoyado que se espere a conocer el informe final de la CE y la respuesta de España: «nada de misiones hasta que la CE se pronuncie sobre el cumplimiento. Si dictamina que hay conculcación plantearemos de nuevo el debate», ha dicho.

La comisión de Peticiones decidirá en su próxima reunión de coordinadores si finalmente envía una misión de investigación al Ebro.

Críticas a la gestión del plan para el Alto Guadiana

En la comisión de Peticiones, también se ha abordado la denuncia presentada en nombre de la Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23, que critica la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, por la disolución del Consorcio encargado de su ejecución.

El peticionario considera que este organismo tendría que haber funcionado hasta 2015, por lo que su disolución supone una violación de las normas comunita20141202_EP-012977_DHO_128Comisión de peticiones del Parlamento Europeorias. En este sentido, solicita que el desembolso de fondos de la UE esté supeditado a la existencia de un consorcio que gestione el plan hidrológico.

La Comisión Europea ha recordado, sin embargo, que la Directiva marco del agua no obliga a los Estados a desarrollar un plan específico de gestión de acuíferos ni a crear una autoridad independiente para ello. Así pues, ha afirmado, que la disolución del consorcio de Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana no infringe la norma europea.

No obstante, ha apuntado que en este caso preocupa la sobre extracción de recursos, especialmente en zonas protegidas como las Tablas de Daimiel. En este sentido, el Ejecutivo ha llamado al Gobierno español «a establecer controles sobre la cantidad que se extrae y registros sobre la calidad del agua».

Al igual que con el Ebro, el Ejecutivo prevé presentar su evaluación final sobre el plan para el Alto Guadiana a principios de 2015.