La directiva de permiso único llega al Parlamento Europeo en medio de una gran polémica, un fuerte escándalo internacional, ante la posibilidad de que consagre la diferencia de condiciones sociales y laborales entre trabajadores.

La propuesta, formalmente, intenta simplificar las gestiones administrativas que se exigen a los nacionales de terceros países que quieran residir y trabajar en la UE, así como garantizar sus derechos, a la vista de las diferencias de legislación que hay en los 27. En ese sentido, la directiva garantiza un trato equiparable a los trabajadores de terceros países con los europeos, aunque ya contempla excepciones para que los Estados puedan limitar esos derechos.

Sin embargo, lo que ha levantado las protestas de la izquierda y los sindicatos es que sólo se aplicaría a los inmigrantes en situación regular, pero quedan excluidos los temporeros, desplazados, autónomos y refugiados.

La cuestión, según denuncian socialistas y verdes de la Eurocámara, es que los trabajadores extranjeros vendrían a Europa a trabajar bajo las leyes laborales de su país de origen, es decir, no sólo tendrían peores condiciones salariales y laborales, sino que no tendrían los derechos de los europeos en protección social y perderían su derecho a pensión al volver a su país de origen.

El eurodiputado socialista, Alejandro Cercas, dice que «con este texto habrá trabajadores low cost y se dinamitará el principio de igualdad como elemento clave para una política de inmigración justa».La Comisión europea asegura que no ha incluido a los colectivos menos favorecidos en el proyecto porque hay otras iniciativas concretas para ellos. Aquí «se trata de dar valor y reconocimiento al aporte que dan los inmigrantes a nuestros Estados miembros», dice la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom.