«Esperamos enviar unos 60.000 kilos de alimentos básicos», dice Isabel González, presidenta de la Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui (Amaps), mientras nos muestra las cajas apiladas sobre palés de madera en un almacén a las afueras de Málaga.
Son escenas que se repiten este mes en esta y otras ciudades de Andalucía.
El sábado 15 comenzó en Málaga y otras urbes andaluzas la carga en los camiones, que van a conformar la Caravana por la Paz que el 22 de febrero partirá desde la oriental ciudad de Alicante hasta Orán, en Argelia, para seguir después hasta el desierto.
En los campamentos de Tinduf viven refugiados miles de saharauis que huyeron de las tropas de Marruecos, cuando estas ocuparon la mayor parte del Sahara Occidental, en el noroeste africano, luego de que España abandonara a su suerte en 1975 ese territorio que estaba bajo su dominio.
Además de solidaridad ciudadana, España debe asumir «un compromiso político», que salde su «deuda» histórica con el Sahara, reclama González.
El desierto de Tinduf «no es sitio para vivir. Aquello es la nada», observa. Desde allí viajan cada año hacia España niños y niñas saharauis de siete a 12 años para pasar julio y agosto con familias voluntarias de todo el país.
El programa Vacaciones en Paz nació en 1993, tras el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, que encabeza la República Árabe Saharaui Democrática, también conocida como Sahara Occidental.
Permite a los acogidos ampliar su conocimiento de español, su segunda lengua, «vivir otra realidad y traer un mensaje de paz», dice González. Durante la primera semana de estancia en España los niños y niñas saharauis pasan un reconocimiento médico y reciben eventuales tratamientos, gracias a un convenio con los servicios sanitarios españoles.
Desde su comienzo, 30.000 niños y niñas saharauis han sido acogidos por familias españolas, según datos de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (Fandas), con presencia en las ocho provincias andaluzas.
«Los niños son los mejores embajadores de la causa de su pueblo», asegura González, quien destaca el objetivo de sensibilización y denuncia de los proyectos de su asociación, integrada en Fandas.
En 2013 fueron acogidos en Málaga 81 niños y niñas, unos 1.400 en toda Andalucía y alrededor de 4.000 en España, apunta González. La crisis económica de este país ha mermado las ayudas para estos programas, que se coordinan con la Media Luna Roja Saharaui.
La malagueña Antonia Silva, auxiliar de enfermería, es voluntaria en Amaps desde 2005 porque «es un tema de derechos humanos» del que «hay que concienciar a la opinión pública», nos cuenta.
Ella acogió a la misma niña cuatro veranos consecutivos. Ya no podrá ser. Con 14 años, la adolescente murió por un tumor en el hígado.
El malagueño Rafael Gálvez, fundador de la asociación humanitaria MRAVIH, en honor a un amigo saharaui fallecido, creó en los campamentos una escuela de emergencias para formar a voluntarios saharauis en primeros auxilios.
Además, Gálvez organiza charlas en colegios españoles, así como carreras solidarias y otras actividades de sensibilización y recaudación de fondos para alimentos, medicinas y ropa que viajarán en la Caravana.
Esta Caravana es nacional, pero las comunidades van rotando la forma de organizar los envíos para que estos lleguen en forma periódica a Tinduf. Ahora es el turno de Andalucía.
La solidaridad con el pueblo saharaui se expresa en unas 200 organizaciones, agrupadas en la Coordinadora Estatal de Ayuda al Sahara, con delegados territoriales en todas las comunidades autónomas y en Madrid.
«Es el movimiento solidario más grande que hay en España», manifiesta el delegado saharaui para las ciudades de Málaga y Granada, Abdalahe Jalil.
Las ayudas tienen una vertiente humanitaria y otra política. En esta última, asociaciones y delegados saharauis presionan a partidos políticos, sindicatos y entidades de carácter nacional e internacional sobre la necesidad de celebrar el referendo de autodeterminación del pueblo saharaui.
Según sucesivas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el proceso de descolonización de un territorio obliga a la metrópoli a llevar a cabo previamente en su colonia un referendo de autodeterminación.
Los activistas saharauis denuncian el abandono de los refugiados en los campamentos del desierto argelino, pero también las encarcelaciones y torturas a quienes reclaman el referendo de autodeterminación en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos.
«La voz de los saharauis en la zona ocupada no llega a ninguna parte», declara Jalil en la nave de almacenaje de los alimentos. «Nosotros difundimos lo que ocurre: la injusticia de los presos políticos, la ausencia de libertad de expresión y la violación de los derechos humanos», añade.
Otro saharaui, Ahmed Sid Ahmed, quien fue maestro de español en escuelas de los campamentos entre 1989 y 2003, reconoce que la ayuda alimentaria es básica para la supervivencia de los refugiados. Pero «el problema no es la comida. La solución debe ser a largo plazo y pasa por una salida política al conflicto», advierte.
Ahmed, que vive en Málaga desde 2003 con su mujer y sus tres hijos varones de 16, 12 y un año, cuenta que muchas familias españolas que acogen a niños saharauis visitan los campamentos. «Una vez un padre llevó a su hijo de 11 o 12 años para que se mentalizase de la situación en la que viven otros niños», recuerda este hombre que estudió en Cuba y cuyos progenitores y hermanos viven en los campamentos.
La asociación malagueña ha enviado a lo largo de estos años cuatro ambulancias, un camión cisterna para el reparto de agua, mobiliario para 16 aulas de una escuela primaria y 1.200 placas solares para viviendas unifamiliares.
Mientras los refugiados sobreviven en el desierto de Argelia dependientes de la ayuda humanitaria, un acuerdo de pesca adoptado en 2006 por la Unión Europea y Rabat permite a barcos europeos faenar en aguas territoriales del Sahara Occidental, lo que supone para los activistas saharauis un expolio de los recursos naturales de su pueblo.
La ONU no reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sahara Occidental.
«El Sahara Occidental constituye un magnífico ejemplo de cómo los intereses políticos y estratégicos pueden obstaculizar la realización de los principios y valores que el derecho ampara», concluye la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en su publicación de 2012 Paz, migraciones y libre determinación de los pueblos.