Ramírez se queja de que «los gobiernos privilegian los negocios de las empresas, la tierra nos da más de lo que ofrece la empresa». «Dijeron que llegaban a ayudar y eso es una mentira», explica indignada esta indígena zapoteca de 62 años, que ha llegado a Ciudad de México, desde el municipio de Unión Hidalgo, 560 kilómetros al sur, para denunciar la situación, junto con otros campesinos. En esa población opera desde octubre el parque eólico Piedra Larga I, que cuenta con 145 aerogeneradores para producir 90 megavatios (MW) y es propiedad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), subsidiaria de la española Renovalia Energy y el estadounidense fondo privado First Reserve.
En 2007, la empresa se acercó a la gente y comenzó a firmar contratos de arrendamiento con los ejidatarios de tierras colectivas, como si ellos fuesen pequeños propietarios, en los que se fijó una renta promedio mensual de 20 dólares por hectárea. Los campesinos de Unión Hidalgo cultivan entre tres y cuatro hectáreas. En otros municipios las generadoras eólicas pagan hasta unos 80 dólares por hectárea. Además, en el municipio la tenencia de la tierra es colectiva, por lo que no se aplica el tipo de contrato utilizado, que pasó inicialmente inadvertido a quienes cedieron su terreno.
Los ejidatarios o comuneros del municipio acusan a Demex de engañarles, de no explicarles las cláusulas de un contrato redactado en español y no en zapoteco, de no haber convocado a una obligada asamblea comunitaria, de contaminar sus tierras y de impedirles el libre tránsito.
La empresa pondrá en operación en 2014 el campo Piedra Larga II, con lo que ocupará 300 hectáreas de Unión Hidalgo, con 13.970 habitantes, mayoritariamente zapotecos, y ya se ha creado un Comité de Resistencia al Proyecto Eólico, varios de cuyos integrantes han planteado sus exigencias en la capital mexicana, el 12 de junio. Este caso reproduce el creciente descontento de las comunidades mexicanas en contra de las iniciativas de energía eólica, alimentado por sus connotaciones económicas, ambientales y sociales y que en este país nubla al sector.
El ministerio de Energía estimaba el mismo miércoles 12, que el viento genera 1.304 MW, seguido por la geotermia con 812, la biomasa y biogás con 581 y las minihidráulicas con 450. Sin incluir las grandes centrales hidroeléctricas, la energía renovable aporta el cinco por ciento de la oferta nacional, pero su peso está aumentado.
Los fuertes vientos en el istmo de Tehuantepec, una franja que recorre los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, al sur del país, yla han convertido en epicentro de numerosos proyectos eólicos. Allí, las tierras son mayoritariamente propiedad colectiva, con comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres tradicionales. Hasta ahora la explotación del viento ocupa 11.000 hectáreas en el país y totalizan, desde 2007, inversiones por unos 5.000 millones de dólares, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
La reforma energética de 2008 autoriza a particulares a generar su propia electricidad, incorporarla a la red nacional y recibir tarifas preferenciales. Por ello, muchas empresas compran la energía del viento bajo para incorporarla a un esquema de autoabastecimiento y reducir así su factura eléctrica. Pero los críticos a esta estrategia arguyen que las menos favorecidas son las comunidades donde se asientan los parques.
Según Alejandra Ancheita, directora de la ONG, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «hay un patrón de violaciones a derechos humanos de las comunidades. Se promocionan bien ofreciendo dinero y trabajo, pero son empleos temporales. No se desarrollan con transparencia y no cumplen ninguno de los estándares establecidos».
Tras el boom eólico en Oaxaca, los ecologistas temen que los aspectos negativos de ese modelo se repitan en proyectos de parques en otros estados. «No han traído beneficios. Violan la propiedad colectiva, las leyes agrarias y de pueblos indígenas», denuncia la fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Bettina Cruz.
Demex ha negado los señalamientos y ha dicho que los contratos fueron suscritos correctamente lo que le permite poseer las autorizaciones para la construcción y la operación del campo eólico. «No han mejorado las condiciones de las comunidades», concluye Benjamin Cokelet, director de la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, para quien las prácticas de las empresas pueden violar convenios internacionales.
En las localidades de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón y San Vicente, próximas a Unión Hidalgo, los pobladores han frenado proyectos similares mediante la movilización y recursos de amparo. En el primer caso, la empresa española Mareña Renovables planea la instalación de un parque de 392 MW, con unanciación de 75 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el proyecto está frenado mediante acciones legales. El Comité de Resistencia de Unión Hidalgo presentó el martes 11 una demanda ante el Tribunal Agrario para invalidar los contratos firmados y suspender inmediatamente la granja, incluyendo la expansión del proyecto.
Además, en abril interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Federal de Protección al Medioambiente por la contaminación del parque eólico. «No es justo que el gobierno negocie nuestras tierras con las empresas. Estamos mal desde que ellas llegaron. Dicen que es energía limpia, pero no es cierto, porque el aceite de las aspas contamina el suelo y los mantos, las aspas matan los pájaros y además está el ruido», exponea el indígena zapoteco Esteban López, de 55 años, quien cultiva maíz y sorgo.
Los tres bancos privados que financian el proyecto son firmantes de los Principios de Ecuador, un conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los créditos a los que se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003. Entre los lineamientos están la evaluación del impacto socioambiental, normas sociales y ambientales aplicables, consulta y divulgación, así como una revisión independiente.
Cokelet indicó que estudian presentar una queja ante esa instancia por las irregularidades en Unión Hidalgo. «La nuestra no es una pequeña propiedad, sino comunitaria, y la empresa lo ha ingorado. No nos explicaron cómo iban a usar nuestras tierras. Los contratos son leoninos», enfatiza la zapoteca Ramírez.
Mientras, a López le angustia que la época de lluvias está por llegar y no podrá sembrar. «¿Quién pierde? No es el gobierno ni la empresa. Sin humedad no podemos hacer nada», cuestiona. Para 2020, México espera generar unos 12.000 MW a partir del viento.
