El ciudadano británico Akmal Shaikh, de 53 años, ha sido ejecutado mediante inyección letal la pasada madrugada en Urumqi (China), tras ser condenado por tráfico de drogas. La presidencia de turno de la Unión ha condenado el hecho en los más duros términos y «rechaza profundamente que China no haya atendido los repetidos llamamientos de la UE y de uno de sus miembros, el Reino Unido, para que la sentencia fuera conmutada».
Shaikh, nacido en Pakistán y residente en Reino Unido desde que era un niño, fue detenido en 2007 en un supuesto caso de narcotráfico. Su familia ha hecho desde entonces continuos llamamientos a las autoridades chinas para que tuvieran en cuenta la salud mental del acusado que, según ellos, sufre un trastorno bipolar.
La defensa de Shaikh y el grupo de derechos humanos británico Reprieve aseguran que Shaikh fue engañado para traficar con heroína por una banda que prometió convertirlo en estrella del pop. El Tribunal Supremo de China rechazó la apelación al decidir que no había suficiente base de enfermedad mental.
Conflicto diplomático
El gobierno británico ha pedido reiteradamente a China que conmutara la pena de muerte. El primer ministro, Gordon Brown, al conocer la noticia de la ejecución ha dicho sentirse «espantado y decepcionado porque nuestras persistentes peticiones de clemencia no hayan sido concedidas».
En los mismos términos se ha expresado la presidencia sueca de la UE que, en un comunicado, «reafirma su absoluta oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia y llama la atención de que cualquier error o fallo de la justicia en su aplicación representa una irreversible pérdida de la vida humana. La UE está convencida de que la abolición de la pena de muerte es parte integral del respeto a los derechos humanos y la dignidad humana».
El caso podría tener mayores repercusiones diplomáticas. La dureza de la condena británica y europea ha tenido una rápida respuesta en Pekín, que ya ha defendido su sistema judicial y ha denunciado lo que considera «acusaciones británicas».
Según Amnistía Internacional, China es el país donde se llevan a cabo casi el 65% de todas las ejecuciones del mundo: en 2008, al menos 1.718 personas fueron ejecutadas y al menos 7.003 fueron condenadas a muerte. euroXpress