La cumbre Río+20 terminó este viernes con ganadores y perdedores, pero principalmente con perdedores. La ONU y Brasil, el país anfitrión, junto con las grandes empresas, han dado un giro positivo al resultado, otro documento histórico que cambiará el mundo, según ellos. Pero la mayoría de los representantes de la sociedad civil y las feministas han expresado su desilusión e indignación por ese texto final, titulado «El futuro que queremos».

La comparación con la Agenda 21, aprobada en 1992, es inevitable

Anita Nayar, de la organización Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés), con sede en Manila, nos dijo que en el acuerdo histórico adoptado en 1992 hubo unas 170 referencias a las cuestiones de género y un capítulo entero sobre las mujeres.

En la última versión de «El futuro que queremos» hay apenas unas 50, y estas han sido atenuadas y usadas como elemento de negociación por parte de los estados, indica Nayar. «No es un simple asunto de menciones a temas de género, sino más bien que algunos estados exhiben claramente una falta de voluntad para llegar a cuerdos concretos y un debilitamiento general de compromisos internacionalmente sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres», agrega.

Según ella, mientras en general los derechos humanos se tratan en el contexto de la salud sexual y reproductiva, la omisión específica de los derechos reproductivos es flagrante.

Igualmente crítica es Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y presidenta de la comisión que lleva su nombre y que hace 25 años centró la atención mundial en el concepto de desarrollo sostenible. «La declaración de Río+20 no hace lo suficiente para poner a la humanidad en un sendero sostenible, décadas después de haberse acordado que esto es esencial, tanto para las personas como para el planeta. Yo entiendo la frustración que hay en Río hoy», señaló en un comunicado que se divulgó el pasado jueves.

Brundtland, que integra un grupo llamado The Elders (Los Ancianos), dijo: «Ya no podemos presumir de que nuestras acciones colectivas no generarán puntos de inflexión, dado que los umbrales ambientales se han violado, corriendo el riesgo de daños irreversibles tanto para los ecosistemas como para las comunidades humanas. Estos son hechos, pero se han perdido en el documento final». «También es lamentable la omisión de los derechos reproductivos, que es un paso atrás en relación a acuerdos previos. Sin embargo, con este texto imperfecto, tenemos que avanzar. No hay alternativa», añadió.

Las reacciones de las organizaciones de la sociedad civil fueron mayoritariamente negativas. Anil Naidoo, del Consejo de Canadienses -la mayor organización de ciudadanos de Canadá- arremete contra el concepto de economía verde promovido en Río+20. «No había visto tanta falsa cobertura verde desde el último Día de San Patricio. El documento ni se acerca al futuro que realmente queremos, y eso es porque fue escrito teniendo en mente los intereses de unos pocos en vez de los de muchos».

Noelene Nabulivou, de Fiji Women's Action for Change (Acción de las mujeres de Fiyi por el cambio), nos dice: «Como activista del Pacífico veo claramente los impactos catastróficos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar. Río+20 no le hace justicia a la inmediatez y severidad de este problema mundial».

La uruguaya Nicole Bidegain, de la Oficina de Género y Educación del Consejo Internacional para la Educación de Personas Adultas (ICAE), opina: «La economía verde simplemente refuerza el actual modelo de desarrollo, basado en la producción y el consumo excesivos. Se promueven los mismos mecanismos financieros que han causado múltiples crisis desde 2008», sin tener en cuenta los impactos negativos sobre los derechos y el sustento de las mujeres.

Según Bidegain, se le ha dado prioridad al sector privado sobre el público como fuente de financiación. «Esto es irónico, ya que el sector privado está involucrado en la maximización de las ganancias a corto plazo, no en las inversiones a largo plazo necesarias para la transición hacia un desarrollo sostenible genuino, centrado en las personas», señala.

Monica Novillo, de la boliviana Coordinadora de la Mujer, expresa: «Vine a Río+20 con altas expectativas de que los gobiernos agregaran la histórica resolución sobre salud y derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes, adoptada en la 45 Comisión de Población y Desarrollo». Brasil ha desempeñó un papel clave en la creación de esos resultados, «así que yo esperaba que defendiera fuertemente estos derechos fundamentales en Río+20, contra una minoría de gobiernos conservadores». Aunque en Río+20 se han reafirmado las agendas de El Cairo y Beijing sobre población y mujeres, era el momento de que esos acuerdos se implementen plenamente, agregó.

Gita Sen, de DAWN, lamentó que la cumbre prácticamente haya enterrado los derechos reproductivos. «En este documento queda muy claro que hay una continua guerra contra los derechos humanos de las mujeres, lanzada por la Santa Sede junto con algunos gobiernos muy conservadores».