Entrevista a ALICIA BÁRCENA, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

En vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que tendrá lugar en junio, 19 agencias de la ONU han colaborado en un informe sobre los progresos y los desafíos de la región en las últimas dos décadas.Alicia Bárcena habla de las vías para avanzar en el desarrollo sostenible, sobre la histórica oportunidad que representa la cumbre de Río de Janeiro para revisar las estructuras de gobierno globales y sobre el papel del Sur en la lucha contra los problemas de un futuro común.

NACIONES UNIDAS,abr (IPS) - Tras la «década perdida» para América Latina y el Caribe de los años 80, la región experimentó un periodo de «luces y sombras», según la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. «El progreso real en el campo social ha tenido lugar en la primera década de este siglo, porque pasamos del 44 por ciento de la población (de la región) viviendo en la pobreza en 2002, al 31 por ciento el año pasado». No obstante, ese porcentaje representa a 177 millones de los 600 millones de latinoamericanos y caribeños.

¿Cuáles son las principales amenazas que afronta la región de América Latina y el Caribe?

Alicia Bárcena- Una de las señales de alerta para nuestra población es que las tasas de fertilidad están cayendo en general. Pero la mayoría de los nuevos nacimientos proceden de embarazos juveniles. Las mujeres jóvenes pobres son las que tienen más hijos. Esto es crucial, porque si nuestra región no invierte en las primeras edades, de cero a cinco años, el futuro de esta región estará en manos de la pobreza.

También hemos analizado dónde están las áreas de América Latina más vulnerables al cambio climático, de acuerdo con su impacto esperado para 2050. Por ejemplo, consideramos eventos extremos y manifestaciones como la elevación del nivel del mar o desastres naturales, como los huracanes. Las zonas más afectadas serán América Central, del lado del océano Atlántico, México en la cuenca del Caribe, algunas áreas de Ecuador, Perú y Colombia, del lado del Pacífico, y la región del puerto de Montevideo en Uruguay.

Es verdad que, en el plano social, hemos mejorado las tasas de pobreza, pero el desempleo sigue siendo un tema muy importante en América Latina y el Caribe. La tasa del 6,6 por ciento es baja comparada con Europa o Estados Unidos. El problema es la calidad del empleo: por lo general es informal y sin seguridad social. Tan importante como reducir la pobreza es reducir la desigualdad.

Si consideramos los fundamentos de las economías de la región, la explotación y exportación de materias primas y recursos naturales, ¿cómo podría lograr algún impacto la economía verde en este escenario?

A.B.- La abundancia de recursos naturales debe de ser vista como una bendición. La maldición es no tener políticas para manejarla. Lo que se necesita es invertir los ingresos generados por la extracción de esos recursos naturales en otras áreas, para construir otras formas de capital y de productividad para las futuras generaciones. Y esto debe hacerse con el más bajo impacto posible en el ambiente. Y los ingresos deben ser distribuidos de forma adecuada. Necesitamos mecanismos que lo garanticen.

Por tanto, estamos discutiendo la gobernanza de los recursos naturales. Es lo que hicieron países como Noruega, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, que tienen abundancia de recursos naturales y llevaron adelante una transición a una sociedad más orientada a la tecnología, y lo lograron gracias a los ingresos generados por sus recursos naturales.

Las experiencias de economía verde son hasta ahora solo estudios de casos y buenos ejemplos. En el escenario económico dominante, ¿cómo pueden los gobiernos tomar medidas como reformas fiscales y de subsidios?

A.B.- Antes que nada, la expresión «economía verde» es muy polémica en nuestra región, porque se ve como una tendencia impuesta por los países del Norte industrializado sin considerar los mecanismos y los costos de la transición a esa economía, y sin dar respuesta a quién los va a pagar. Esto también genera temor por los riesgos de proteccionismo.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Yo creo que mucho en materia de reformas fiscales, que es una señal muy poderosa. Los gobiernos que ejecutan reformas fiscales dan indicaciones a los agentes productivos, pero también redistribuyen los recursos. Para que tenga éxito, una forma del sistema impositivo debe basarse en un consenso.

Eso es lo que necesitamos. No se puede imponer. Tiene que haber discusiones internas para determinar qué está dispuesta a pagar la sociedad por esta transición. Esto es esencial.

¿Qué se puede hacer en materia de soluciones?

A.B.- Lo que intentamos decir a los gobiernos es: «No tienen que invertir en todo, sino en ciertas cosas que son esenciales para la población». La electricidad, el agua potable, el acceso a Internet de banda ancha, el transporte público y la construcción inteligente.

¿Por qué no construir viviendas con energía solar para alimentar instalaciones de aire acondicionado y luz, aplicando ingeniería o diseños que ya están disponibles? En América Latina y el Caribe se puede mejorar la planificación urbana.

Los programas de transferencia de dinero en efectivo fueron (también) muy exitosos, como la Beca Familia de Brasil. Este programa sacó a 20 millones de brasileños de la pobreza en los últimos 10 años. Si uno expande esos programas y las transferencias condicionadas de dinero para que no sean solo por educación y salud -o sea, llevar a los hijos a la escuela y al médico-, sino diciéndole a la comunidad: «Vamos a darles dinero, pero deben proteger el suelo», o «van a usar el agua de esta manera», etcétera, entonces también se están incluyendo medidas de sostenibilidad.

En el informe ustedes sostienen que «los países industrializados no han honrado sus compromisos para proveer financiamiento y liderazgo». ¿Podría desarrollar esto?

A.B.- Los países industrializados se comprometieron (en 1970) a proveer el 0,75 por ciento de su producto interior bruto a la ayuda oficial al desarrollo (ODA). Ahora estamos en el 0,33 por ciento, eso es la mitad.

Está bien, en el momento de la crisis financiera es muy difícil alcanzar esta meta. Sin embargo, históricamente, los países industrializados se desarrollaron con un alto consumo de energía y de recursos del planeta. Ahora es muy injusto imponer restricciones en esos aspectos a los países en desarrollo, cuando son más costosas. La otra forma de lograr esta transferencia del Norte al Sur es compartir conocimiento y tecnología. Es por eso que creo que las patentes, la capacitación y el libre intercambio de conocimiento podrían ser mecanismos útiles.

La inversión en ciencia, tecnología e innovación es esencial. Eso va a ser clave para la transición hacia un desarrollo sostenible.

¿Cuál sería un buen resultado para Río+20?

A.B.- Que se acordaran metas de desarrollo sostenible, porque eso pondría mucha presión en todas y cada una de las instituciones para alcanzarlas.

También estamos sugiriendo una suerte de «tasa Tobin» a las transacciones financieras para apoyar el desarrollo sostenible. Con un impuesto del 0,0005 por ciento, tendríamos suficiente dinero para que el mundo atravesara esta primera transición (hacia una economía verde).

En segundo lugar, herramientas claras de financiación. Tercero, que haya mecanismos de transferencia de tecnología, y cuarto, instituciones que funcionen.

Desde nuestra perspectiva, a nivel multilateral, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las Naciones Unidas debería fortalecerse. Hay que llevar a los actores económicos al Ecosoc para que discutan, porque lo que está mal es la economía, el ambiente solamente lo soporta. Necesitamos cambiar la economía.