Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno, evidencian que el lastre de esas obligaciones seguirá ahogando a una población ya castigada por el desmantelamiento de servicios públicos y sociales como educación y salud, entre otros. El costo de los intereses de la deuda subirá en 9.742 millones de euros (unos 12.500 millones de dólares), para llegar a 38.590 millones de euros (49.700 millones de dólares), casi 34 por ciento más que este año.
La deuda se lo come todo. El pago de intereses equivale a lo presupuestado para todos los ministerios, que cuentan con una previsión de 39.722 millones de euros Los drásticos ajustes de los últimos meses ni siquiera alcanzan para hacer frente a los pagos extraordinarios que exigen los acreedores, motorizados por la creciente desconfianza de la capacidad del Estado para hacer frente a sus obligaciones.
En 2007, el endeudamiento público constituía 35,5 por ciento del producto interno bruto (PIB); este año llegó a 75,9 por ciento, y en 2013 pasará de 80 por ciento, según previsiones del gobierno. En este contexto, la pregunta es cuál será el próximo recorte, a la espera de un previsible rescate financiero resuelto por la troika (la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que acarrearía más restricciones para una población cuyo nivel de vida cae en picado.
El economista, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida dice que «estos son los presupuestos generales de la troika; la respuesta a las exigencias de controlar el déficit. Sin embargo, esto será imposible mediante estas cuentas. Se trata de una aparente paradoja, pero lo cierto es que el objetivo es empobrecer a la ciudadanía y cambiar de modelo».
En su opinión, la coyuntura política y económica de España tiene muchos puntos en común con la de América Latina en las décadas de 1980 y 1990, marcadas por un elevado endeudamiento que desnudó las debilidades de las economías de los países de esa región y los llevó a seguir a pie juntillas una agenda de ajuste, privatización de los bienes del Estado y liberalización de la economía, con negativas consecuencias sociales. Para Pablo Iglesias, profesor de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid, «los años 80 marcan el éxito de las políticas neoliberales que provocaron el desmantelamiento de los avances sociales logrados en años previos, y que creó muchas desigualdades». En su opinión, esa situación se repite ahora en los países periféricos europeos, donde las medidas de ajuste están poniendo fin a derechos sociales que hasta ahora no se ponían en cuestión.
«Son los presupuestos para salir de la recesión», justificó el jueves 27 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dio un paso más y calificó las cuentas como «las más austeras». Según sus números, el PIB español experimentará una contracción de 0,5 por ciento y el desempleo se mantendrá en torno del actual 24 por ciento.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una caída de 1,2 por ciento del PIB. Si esta previsión se confirma –y considerando que el objetivo de déficit fiscal de 4,5 por ciento, impuesto por la Unión Europea, constituye la línea roja para el gobierno de Mariano Rajoy–, el único recurso que le quedaría al presidente será aplicar de nuevo la tijera. En menos de un año, su gabinete ha reducido reivindicaciones básicas como la educación o la sanidad, con medidas como prohibir la atención de salud a los inmigrantes sin documentación y hacer obligatorio el pago de medicamentos que antes se entregaban gratuitamente.
En julio, Rajoy aseguró que las asignaciones de los jubilados serían «lo último» que tocaría. Por el momento, el gobierno afirma que les aplicará un aumento de uno por ciento, insuficiente si se tiene en cuenta que el costo de vida subió tres por ciento en septiembre tras la entrada en vigor del aumento del Impuesto al Valor Añadido (IVA). Como alternativa, el Poder Ejecutivo optó por echar mano al Fondo de Reserva, del que retirará el equivalente de casi 4.000 millones de dólares para pagar las pensiones.
«Es inevitable que paguen los ciudadanos», reconoce el ministro Montoro. La vicepresidenta Sáez de Santamaría insistia el jueves en que la prioridad es el «gasto social». Pero basta con darse un paseo por las calles de Madrid para comprobar cómo se deterioran las condiciones de vida. Cada vez más gente busca comida en los contenedores de basura.
El gobierno insiste con la receta de «reformas estructurales, control del déficit y recuperación de la senda del crecimiento», un mantra que defiende gracias a su mayoría absoluta en el parlamento, pero que cada vez genera más malestar, como el del martes 25, cuando decenas de miles de personas accedieron a la convocatoria de rodear el Congreso legislativo en una jornada de incidentes y 35 detenidos.
Las autoridades presentaron también un plan de reformas que incide en la senda marcada por la troika. Se trata de 43 proyectos de ley para la liberalización de diversos sectores de la economía, una medicina ampliamente aplicada por el FMI en América Latina, 20 años atrás. Si la experiencia de esa región despierta tantos ecos en la España de hoy, también podría apuntar posibles soluciones.
En opinión de Pablo Iglesias, la deuda puede servir para «devolver la política al centro de la economía». Y puso el ejemplo de Ecuador, cuyo presidente Rafael Correa estableció en 2008 una auditoría sobre el endeudamiento público para determinar qué porción era ilegítima y declaró el cese de pagos de 70 por ciento de la deuda en bonos. Sectores ciudadanos y algunos grupos políticos defienden que el país celebre un referéndum ciudadano para fijar límites al pago de la deuda y a los ajustes presupuestales.
Iglesias argumenta que «el desmantelamiento sin precedentes del Estado de bienestar apunta a una crisis social». No se pueden equiparar los diferentes procesos latinoamericanos y europeos, matiza. Pero en España «hay condiciones» para un nuevo paradigma político y económico.
