Unos padres divorciados luchan legalmente por la justicia de su hijo nacido en el país de uno de los cónyuges. Pero la justicia del país del otro progenitor, le reconoce unos derechos que no recoge la jurisprudencia del Estado en el que se realiza el juicio. Un conductor sufre un accidente en un país extranjero provocando daños a una tercera persona y se enfrenta a unas normas de circulación diferentes en su país y en el del accidente.

Una empresa con una filial en un país distinto al suyo ha de acogerse a una normativa laboral que le perjudica. Son solo algunos ejemplos del entramado judicial que se vive en la Unión Europea y que afecta a muchos ciudadanos, sobre todo desde la existencia de un mercado único y la desaparición de fronteras terrestres. La UE quiere poner orden en el «embrollo» judicial europeo y facilitar la vida a todos los europeos.

El último eurobarómetro sobre «La justicia en la Unión Europea», muestra que la mayoría de los ciudadanos cree que los sistemas judiciales deben ser entendidos en el ámbito europeo, sobre todo cuando se trata de litigios transfronterizos. El 53% de los encuestados confía en su sistema judicial nacional, aunque los daneses y finlandeses llegan hasta el 855 y los eslovenos al 24%. Para la mayoría los procesos en tribunales civiles y mercantiles son largos y costosos, por lo que nueve de cada diez personas (89%) prefieren solucionar sus pleitos de forma extrajudicial si hubiera alternativas.

Por eso se hace necesaria la creación de un Espacio Europeo de Justicia. La comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, cree que «en unos pocos años, la política de justicia, europea ha de tener un protagonismo y un efecto sobre la vida de los ciudadanos comparable a la que provocó el mercado único en la década de los 90».

A finales de noviembre se celebró en Bruselas un debate en el que participaron juristas, abogados, políticos y miembros de los tribunales de justicia europeos para estudiar propuestas que permitan avanzar en ese ámbito. El Tratado de Lisboa introduce grandes novedades en el ámbito de la justicia y asuntos de interior, también en la cooperación judicial. Hasta ahora el mayor avance se ha realizado en la cooperación policial, reforzada con la fundación de Interpol en 1946.

Histórica oposición francesa a la cooperación judicial

El ámbito de la justicia siempre ha contado con mayores obstáculos por parte incluso de los líderes europeos. El presidente de Francia, Charles de Gaulle se opuso a todas aquellas medidas que pudieran perjudicar a la soberanía de los estados miembros, y en ese momento se pensó que las cuestiones de justicia y asuntos de interior eran componentes esenciales de la soberanía nacional y no afectaban al funcionamiento de la europa unida.

El sucesor de De Gaulle, Georges Pompidou, consideró útil la cooperación policial a nivel europeo, pero se enfrentó a la gran resistencia que había en su propio partido político. En su iniciativa bajo los auspicios del Consejo de Europa estableció el grupo de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que más tarde llegó a ser conocido como el Grupo Pompidou . Tras la muerte del político galo, la elección Giscard d'Estaing, a a la presidencia de Francia, dio lugar a un cambio completo en la política francesa hacia la cooperación con Bruselas en materia de justicia y asuntos de interior.

Un largo y tortuoso camino

Unificar los sistemas judiciales no es una tarea fácil y lo demuestra el hecho que se esté trabajando en ello desde 1975. Ese año en una reunión del Consejo de Ministros en Roma, se decidió por unanimidad la creación de un grupo permanente de cooperación policial y judicial en materia penal.

La primera reunión del grupo intergubernamental de nueva creación se celebró al año siguiente en Luxemburgo, donde se creó un órgano nuevo conocido como el Grupo de Trevi. El objetivo principal era mejorar la cooperación policial de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo. El Grupo de Trevi es un órgano intergubernamental informal, que a pesar de los ambiciosos planes que encontró numerosos obstáculos por parte de los gobiernos que imposibilita un seguimiento efectivo de las políticas acordadas.

Trevi no sólo es el precursor de la política actual de la UE en materia de justicia y asuntos de interior. Junto a él aparece otro mecanismo imprescindible para romper las barreras «nacionales» que imponían los estados. En 1985, se adopta Schengen, que supone la supresión de las fronteras interiores de la Unión. Benelux fueron los primeros en derribar sus fronteras, pero no fue hasta 1986 en que Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, decidieron eliminarlas.

Fue el Tratado de Maastricht (1993)el que impulsó la cooperación europea en materia de justicia y asuntos de interior, y posteriormente el Tratado de Amsterdam (1997), acabó de perfilar algunos niveles de cooperación, principalmente en materia de visados, asilo, inmigración y cooperación judicial en materia civil.

El desarrollo del ámbito judicial y policial es de una importancia crucial en la reunión del Consejo Europeo de Tampere (1999), que se dedica exclusivamente a desarrollar las actividades de la Unión Europea entre 1999 a 2004.

En 2001, el Tratado de Niza , conservó la división de la justicia y asuntos de interior, introdujo dos nuevos organismos europeos (Europol y Eurojust) con el objetivo de reforzar la cooperación policial y judicial en materia penal. Aunque el objetivo era crean una nueva legislación de la UE, el Consejo Europeo de junio de 2005 optó por la cooperación, retrasando una vez más la creación de un Espacio Europeo de Justicia.

La reunión del Consejo Europeo el 11 de Diciembre 2009 adoptó un nuevo programa plurianual para un período de cinco años (2010 a 2014), llamado Programa de Estocolmo -una Europa abierta y segura al servicio del ciudadano-, que establece como una de sus prioridades la libertad y la seguridad de los ciudadanos de la UE.

Una lectura cuidadosa del programa de Estocolmo revela la intención de la UE de tomar medidas para enfocar los problemas de seguridad en la protección de los derechos fundamentales. Tras los ataques terroristas del 11-S y otros posteriores en Europa, la Unión Europea se ha dado cuenta del desequilibrio existente entre la seguridad y la protección de las libertades y los derechos fundamentales. El Tratado de Lisboa ha traído consigo la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Eso ha comportado que se establezca un espacio de libertad, seguridad y justicia, dinamizando la política legislativa de la UE.