El periodista y escritor italiano, Roberto Saviano, ya denunció en su libro, Gomorra, los delitos medioambientales que tenían lugar en el sur de Italia. Eurojust explica en su informe la existencia de residuos peligrosos que son exportados desde Italia o Irlanda hacia otros países, muchas veces hacia África o a la región de la Campania, donde se encuentra Nápoles. Saviano explicó como en determinadas zonas, como en el pueblo de Caserta, se encuentran alarmantes tasas registradas de personas con cáncer,en ese lugar la posibilidad de contraerlo triplica a la del resto del país, a causa de los vertidos tóxicos, gestionados por la Camorra.

El informe también destaca la contaminación de aguas de Grecia, Hungría y Suecia, llevadas a cabo por grupos criminales, así como la exportación ilegal de simios y huevos de aves. Es la primera vez que Eurojust publica una investigación sobre los delitos medioambientales, donde también ha abordado las estructuras policiales nacionales, el acceso al conocimiento y las posibles soluciones para tratar los desafíos del tráfico de especies amenazadas.

Eurojust lamenta que a pesar de que los delitos ambientales son muy elevados, las penas por ellos se consideran como menores. También deplora que las relaciones con los grupos de delincuencia organizada y el tráfico ilegal de residuos son objeto de escasas denuncias, o no se investigan. Ello se debe a la falta de coordinación entre las autoridades competentes tanto a nivel nacional como internacional. A menudo, el fiscal no recibe la información necesaria de la aduana o de las autoridades competentes.

En gran medida, las autoridades nacionales no consiguen abordar los casos desde una perspectiva transnacional, ya que la implementación de la legislación europea a nivel nacional difiere entre Estados. Algunos Estados miembros no disponen de estructuras organizativas adecuadas, aunque Suecia, el Reino Unidos y los Países Bajos sí tienen fiscales especializados en este tipo de delitos. Según la Comisaria de Justicia, Vera Jourová, es esencial que los fiscales estén «implicados desde el inicio en el combate contra delitos transnacionales». También ha insistido en que los delitos medioambientales «están amenazando la vida humana, la salud y los recursos naturales».

Eurojust cree que entre las soluciones, debería constar la inteligencia como condición obligatoria para resolver los delitos medioambientales y urge por una mayor cooperación entre los Estados miembros. Jourová considera que una de sus prioridades desde que llegó al cargo ha sido «generar confianza de los ciudadanos en los sistemas judiciales de la UE», y que una de la vías para conseguirlo es «asegurarse de que los mayores delincuentes acaban entre rejas».