En el informe anticorrupción realizado por la Comisión Europea se alerta sobre el hecho de que la corrupción puede tener efectos graves sobre la economía y aboca a los ciudadanos a perder la confianza en las instituciones democráticas. Por eso la ombdusman considera que los denunciantes juegan un papel importante para descubrir irregularidades graves. «Quiero asegurarme de que las instituciones de la UE tienen previstas y accionan todas las medidas necesarias para protegerlos y para responder a las denuncias que presenten sobre la forma en que han sido tratados», señala en un comunicado Emily O'Reilly.

El personal de la UE está obligado a informar de las irregularidades graves que se descubren en el transcurso de su trabajo. Sin embargo, las personas tienden a ser reacias a denunciarlo dentro de su propia organización y, a menudo temen represalias.

Desde enero de 2014, en virtud del nuevo Estatuto acordado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, las instituciones de la UE están legalmente obligadas a introducir normas sobre denuncia de irregularidades internas. Hasta ahora, la Comisión ha sido la institución más avanzada mediante la adopción de directrices sobre la denuncia de irregularidades, pero todavía no existen normas internas.

En su carta en la que informa que va a esta investigación, la Defensora del Pueblo pide a las instituciones por la implementación de estas normas entre el personal y el público y si han sido consultados acerca de estas reglas, así como sobre la protección de los denunciantes externos, como contratistas o subcontratistas en los proyectos financiados por la UE.

La carta está disponible aquí: