El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, pidió a la Defensora europea que solicitara a Bruselas, en el marco de sus competencias, que investigara si la actuación de España en el caso Castor va en detrimento de la normativa comunitaria. El gobierno español, prohibió que se utilizara el depósito de gas situado cerca de la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona) que ha producido cerca de 500 seismos, pero aprobaba por decreto ley una indemnización a la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, de 1.350 millones de euros. Según el informe de Ribó, la indemnización podría ser una ayuda de Estado prohibida por el acervo comunitario.

La petición de Ribó de hacer llegar el informe a la Comisión Europea es sólo uno de los pasos, ya que no descarta recurrir en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE. Las acciones del Síndic, se están produciendo de forma paralela a las de la Generalitat de Cataluña que ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.

El gobierno español tuvo que acudir a varias entidades bancarias (Santander, Bankia y CaixaBank) para hacer frente al pago de la indemnización por el caso Castor, una cláusula que firmó en su día el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. El resto del importe será financiado por los consumidores de gas a través de un progresivo aumento de la tarifa en los próximos 30 años, a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos empezarán en 2016, a razón de aproximadamente 100 millones de euros al año.

La construcción del almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo, cerca de Castellón, se paralizó en septiembre de 2013 tras detectarse multitud de seísmos en la zona. Tras varios estudios independientes que relacionaron directamente los terremotos con la actividad del depósito, el gobierno canceló la inyección y extracción de gas en el subsuelo, aunque la decisión se puede revertir en el futuro si se dan nuevas condiciones que lo permitan.