La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que más de 3.100 personas murieron o desaparecieron este año tratando de llegar a Europa. La situación permanecerá igual, pues el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta de que más sirios pueden huir hacia ese continente mientras siga la guerra.

La respuesta a la crisis ha sido notoriamente diferente según los sectores y los distintos países. En general, ha sido la sociedad civil, no los gobiernos ni los sindicatos regionales, la que encabeza los esfuerzos para ayudar a las personas que huyen del horror de la guerra.

Las organizaciones han distribuido alimentos y agua y ofrecido servicios de salud y programas de capacitación para los migrantes. También llevan adelante una intensa presión ante la Unión Europea (UE) y sus miembros para hacer frente a la intolerancia a las personas refugiadas. Hasta la revisión de los recién llegados y la contabilización de las personas muertas ha quedado en manos de la sociedad civil.

La respuesta de las autoridades ha sido inadecuada: desde disputas en la UE hasta posiciones muy conservadoras como la del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que dice que su país está obligado a defender sus fronteras de los "migrantes".

La pequeña luz de esperanza de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que se ha mostrado más afín con la llegada de refugiados ha durado hasta que la cámara baja del parlamento votó para limitar el número de inmigrantes, a pesar de que ese país prevé recibir todavía 1,5 millones de personas este año.

La UE acordó en octubre repartirse 120.000 refugiados mediante un sistema de cuotas entre algunos de sus miembros. Gran Bretaña se comprometió a recibir a unos 4.000 refugiados este año y 20.000 más en los próximos cinco años, aunque es uno de los miembros de la UE que se negó a formar parte del sistema de cuotas.

Tras las poco alentadoras declaraciones de legisladores británicos de que los refugiados no debían dirigirse a Londres porque sus calles "no estaban pavimentadas con oro", aceptar cierto número de personas es un avance, pero aún así una respuesta "lamentablemente pequeña", como opinó la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas.

Es preocupante que el ministro de Hacienda, George Osborne, haya declarado que el dinero para ayudar a los refugiados debe sacarse del Departamento para el Desarrollo Internacional, responsable de gestionar la ayuda.

Ese organismo es responsable de una amplia variedad de proyectos que incluyen prevenir la malaria, mejorar la educación y la vacunación infantil, el desarrollo de infraestructura, el trabajo humanitario, el apoyo a la sociedad civil y a la investigación, entre otros.

Además, destina unos 12.000 millones de libras al año a la asistencia internacional. Si bien el grueso de los fondos los vuelca a través de los gobiernos, existe la posibilidad de una reducción en las asignaciones a proyectos implementados por la sociedad civil y que dependen de fondos de Gran Bretaña si se implementa la propuesta de Osborne.

Dada la importancia del trabajo que realiza la sociedad civil en respuesta a la crisis de refugiados, tiene poco sentido que el gobierno británico recorte o desvíe los fondos destinados a la asistencia que les otorgaba, en especial porque los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) necesitarán recursos adicionales.

Los ODS fueron aprobados por los gobiernos en septiembre de este año. Gran Bretaña debería redoblar sus esfuerzos para ayudar a los refugiados con su presupuesto nacional.

Si bien las actuales reglas de la Asistencia Oficial al Desarrollo permiten a los donantes destinar cierta proporción del gasto para reubicar a las personas en sus propios países en el marco de la asignación de la ayuda, solo una pequeña proporción de la asistencia a los refugiados se contó como parte de la ODA en los años anteriores.

La preocupación de la sociedad civil es que ante la enorme dimensión que tiene la actual crisis de refugiados, y en el marco de la austeridad fiscal, los países donantes desviarán de esa forma más ayuda.

Reducir la asignación puede sentar un mal precedente y llevar a otros gobiernos donantes a reducir los fondos de proyectos en el Sur global. Ya se instaló la preocupación en Suecia debido a que el gobierno considera desviar fondos de la ayuda al desarrollo para asistir a la recepción de los refugiados.

En el actual contexto mundial en que la sociedad civil ya se encuentra frente a una crisis financiera, y si bien aumenta la demanda por su trabajo, el desvío de fondos es lo último que necesita el sector.

Financiar la respuesta a la crisis de refugiados debería considerarse aparte de la asistencia al desarrollo habitual. De hecho, se necesitan recursos adicionales para que las organizaciones puedan continuar su labor esencial, mientras los gobiernos hacen lo mejor posible para ayudar a las personas en problemas de acuerdo con los principios humanitarios.