Este verano los municipios noruegos pueden expulsar a sus mendigos. Noruega es el último ejemplo en sumarse a la lista pero no el único. En el Sur y en el Norte, en Occidente y en Oriente, regiones y municipios aprueban regulaciones que dificultan la supervivencia de los más desfavorecidos. Lo hacen prohibiendo actividades como tumbarse, dormir, comer o guardar pertenencias personales en los espacios públicos. Mendigar y revisar los contenedores de basura no está permitido.
«La criminalización de los sin techo puede tener el peligroso efecto secundario de forzarles a buscar lugares más escondidos, donde es más difícil recibir ayuda (a menudo vital) de ciudadanos preocupados o de técnicos de acompañamiento», explica el profesor Balint Misetics, en el informe Calles miserables. Un informe sobre la penalización de las personas sin hogar en Europa. Se trata de un estudio elaborado por La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con personas sin Hogar (FEANTSA, por sus siglas en inglés), junto con Housing Rights Watch y la Fundación Abbé Pierre.
Son varios los organismos internacionales que han puesto el grito en el cielo. FEANTSA ha manifestado su «preocupación» por lo que consideran «medidas regresivas» en diversos puntos de Europa. Los expertos señalan que la tendencia viene de Estados Unidos, en concreto, de sus políticas basadas en 'la ley y el orden', así como en la 'tolerancia cero'. Antiguamente los sin abrigo no pertenecían a la 'población peligrosa', pero el aumento del porcentaje de foráneos en esta situación encendió las alarmas.
El caso de Noruega ha llamado la atención a las organizaciones porque se trata de un Estado social robusto, dotado en buena medida de leyes progresistas. Las medidas recientemente aprobadas, vendidas a la población como una lucha a favor de la reinserción de los toxicómanos, no afectarán tanto a los propios ciudadanos noruegos como a los extranjeros indocumentados, en concreto, a los de etnia gitana procedentes de Rumanía, Bulgaria y Hungría.
Este último país es uno de los casos que más preocupan a FEANTSA. Desde mediados del año 2000 las autoridades locales húngaras criminalizan la llamada 'mendicidad silenciosa'. Ya por aquel entonces estaba prohibido mendigar acompañado niños o de forma agresiva. Fue a partir de 2010, con el ascenso de la extrema derecha al poder, cuando Hungría ha dado pasos de gigante hacia la criminalización de los habitantes de la calle.
Primero, el Parlamento aprobó una ley que permite atribuir funciones específicas al espacio público, en detrimento de otras. En segundo lugar, Budapest condenó el uso de las calles como vivienda. El tercer paso fue penalizar con 60 días de prisión o 530 euros de multa a quien, a lo largo de seis meses, violara al menos dos veces la prohibición de dormir en la calle. Apenas un mes después la prohibición de pasar la noche al raso se extendía por todo el país.
Barcelona y Madrid tampoco se salvan
Otros países optan por hacer lo mismo pero de una forma más disimulada, por lo que en muchas ocasiones sus políticas no trascienden a los medios. Es el caso de Bélgica. En Lieja, la quinta ciudad más habitada del país, una normativa aprobada en 2011 permite mendigar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, y desde las 7 de la mañana hasta el mediodía los domingos. No puede haber más de cuatro mendigos en la misma calle, tampoco pedir en cruces ni en avenidas con edificios púbicos. Quienes no se atengan a las normas están advertidos: la primera vez es un aviso; la segunda llega una intervención social; y a la tercera toca detención.
En el Estado español también hay casos significativos. El Ayuntamiento de Barcelona decidió en 2005 penar los comportamientos que no consideraba cívicos, como vomitar, orinar, escupir, pintar graffitis, ejercer la prostitución o la venta ambulante y también mendigar. Las multas oscilan entre los 120 y los 3.000 euros. El año pasado Madrid fue más lejos y castiga con una sanción de entre 750 y 3.000 euros a quien pida limosna a la puerta de un centro comercial, a quien acampe, a quien haga malabarismos o a quien solicite servicios sexuales, escupa, tire papeles al suelo o reparta papeles en semáforos.
Roma, la capital italiana, rema en el mismo sentido. Desde 2008 practicar la mendicidad puede acarrear correctivos de entre 50 y 150 euros. Más al norte, en Verona, el escarmiento para quien facilite comida a los vagabundos oscila entre los 25 y los 500 euros. Su alcalde, Flavio Tosi, de la Liga Norte, ha aclarado en más de una ocasión que se trata de promover «la higiene» y «la imagen pública de la ciudad».
Ejemplos por la integración
Son actitudes que reflejan ignorancia y provocan impotencia. Así lo asegura el director de FEANTSA, Freek Spinnewijn, al periódico luso Público: «Ser sin techo no es una elección personal, sino el resultado de una serie de desventajas. Hacer más difícil la vida de estas personas no resuelve el problema. Pueden quedar menos visibles, pero continúan ahí».
Y es que, la crisis ha tirado por los suelos el cliché de que quien no tiene hogar es porque padece dependencia a las drogas y al alcohol, cuando no problemas de salud mental. Hace ya más de una década que la Unión Europea instiga a los Estados miembros a invertir en la integración de este colectivo que, en los últimos años, ha crecido de forma exponencial.
Algunos países sí han comenzado a hacer los deberes y ya cuentan con estrategias concretas. Los hay, como Suecia, Finlandia y Dinamarca, que han optado por la lógica de 'una casa es lo primero'. Los hay, como Portugal, los Países Bajos y Francia, que hablan de mejorar la calidad de la red de albergues y del servicio de apoyo.
La República Portuguesa no tiene un presupuesto específico para combatir el problema pero sí un plan para todo el país. La Estrategia Nacional para la Integración de las Personas in Techo fue aprobada en 2009 y apuesta por que nadie permanezca en la calle más de 24 horas a no ser que sea por su propia voluntad. Más allá de la teoría, lo cierto es que alrededor de esta política se han generado centros de emergencia y estructuras de respuesta inmediata, como alojamientos temporales y permanentes.
El año pasado, 4.420 personas se beneficiaron de esta asistencia, según las cifras oficiales de un país que, con las cifras en la mano del Instituto Nacional de Estadística, tiene alrededor de 735.000 casas vacías.
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