El CPI es el único tribunal internacional permanente con el mandato de procesar a personas acusadas de los delitos más atroces, como el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados en alguno de los países que ratificaron su adhesión al Estatuto de Roma, que le dio origen. Las investigaciones pueden abrirse a iniciativa del fiscal, si los estados implicados le remiten un caso o si lo hace el Consejo de Seguridad de la ONU.

De hecho ha recibido denuncias de cientos de países, pero las investigaciones abiertas se concentran en Costa de Marfil, Kenia, Libia, República Centroafricana República, Democrática del Congo (RDC), Sudán y Uganda. Representantes de varios países se han mostrado preocupados por la politización de los casos que el Consejo de Seguridad decide remitir a la CPI en un debate realizado la semana pasada en la sede neoyorkina de la ONU.

El hecho de que el candente caso de Siria, por ejemplo, no haya sido remitido al tribunal fue remarcado por representantes de varios países. Las organizaciones de derechos humanos también cuestionan esta situación. Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, ha enviado una carta a 121 ministros de Relaciones Exteriores urgiéndoles a atender la inconsistencia en la forma en que el Consejo de Seguridad deriva casos a este Tribunal. La misiva también hace un llamamiento para que se realice un "enfoque coherente para la remisión a fin de evitar el doble discurso". "Lo más revelador fue la segunda parte del debate, con las intervenciones excelentes de miembros no pertenecientes al Consejo de Seguridad", ha explicado el director de justicia internacional de HRW, Richard Dicker.

Según el Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad debe referir al fiscal de este tribunal una situación presentada en cualquier país si considera que representa una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Pero ese órgano clave de la ONU no ha remitido casos políticamente controvertidos, como la situación en el territorio palestino de Gaza o el conflicto en Siria, según HRW.

La organización también subraya la influencia de China, Estados Unidos y Rusia, todos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con poder de veto, y acusa a las potencias de perseguir a quienes considera enemigos y de proteger a los gobernantes de países con los cuales tienen vínculos estrechos.

"Lo que le faltó a la presentación del embajador de Estados Unidos fue el firme compromiso de remitir el caso de Siria a la CPI", observa Dicker. Aun en dos de los casos que sí fueron derivados, Libia y Sudán, las acciones del Consejo no fueron suficientes.

Tras la caída del régimen del líder libio Muammar Gadafi (1969-2011), el Consejo de Seguridad dejó de apoyar las investigaciones de la CPI y no ha presionado al nuevo gobierno de ese país para que coopere con el tribunal internacional. "La corte no es más que un interruptor para los miembros del Consejo de Seguridad que encienden y apagan según les convenga a su agenda política. Parecen considerar al Tribunal Penal Internacional como un matrimonio por conveniencia", explica Dicker.

El presidente de la CPI, Song Sang-Hyun, estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad, un hecho histórico pues su predecesor nunca había sido invitado. "La CPI es una institución joven con mucho trabajo y avances, y todavía tiene mucho que aprender", señaló Sang-Hyun. También se mostró preocupado por la financiación del tribunal.

"Es difícil sostener un sistema", dijo, en que el Consejo de Seguridad puede remitir casos en nombre de los 193 miembros de la ONU, pero los únicos que pagan el costo de las investigaciones son los estados que ratificaron el Estatuto de Roma. Actualmente son 121 los países que forman parte de este Tribunal Penal Internacional, 33 de ellos africanos.

La Unión Africana (UA) ha recomendado a sus miembros que no cooperaran con la orden de arresto emitida por el Tribunal contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al-Bashir. Sin embargo, representantes del gobierno de Malí se trasladaron a La Haya para solicitar la apertura de una investigación sobre las atrocidades cometidas por grupos islamistas armados en el norte de su territorio.

En declaraciones a Women News Network, la presidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, la estonia Tiina Intelmann, ofreció su apoyo político a la CPI. "Sí, preocupa la actual falta de entusiasmo político hacia el tribunal, y una de las razones es bastante obvia. Esta institución tiene 10 años de existencia y muchos países que al principio estuvieron muy comprometidos, ya la dan por hecho. Muchos no se dan cuenta de todo el apoyo político que sigue necesitando".

Intelman destacó que "se olvidan de que tratamos de procesar a los responsables de actos atroces. Y suele ocurrir muy a menudo que los autores de estos crímenes son personas que tuvieron o tienen altos cargos de gobierno. Por definición, el apoyo político es necesario, pues estos asuntos además de ser legales, son políticos".

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