Entrevista con BRIGID INDER, directora ejecutiva de la organización Mujeres por la Justicia de Género

La Corte Penal Internacional (CPI), acaba de elegir a la exministra de Justicia de Gambia, Fatou Bensouda, como nueva fiscal jefe. Sustituirá al argentino Luis Moreno Ocampo, que ejerce el cargo desde 2003. Bensouda que en la actualidad es fiscal general adjunto de la CPI, es la primera mujer africana que ocupará ese puesto del que tomará posesión en junio de 2012. De este nombramiento y de otros temas relacionados con el TPI, hemos hablado con Brigid Inder, directora ejecutiva de Mujeres por la Justicia de Género, una Organización No Gubernamental que hace un seguimiento de la Corte Penal Internacional.

NUEVA YORK, (IPS) - La violencia de género está incluida en la mayoría de los casos que llegan al Tribunal Penal Internacional, pero esta no logra garantizar un papel activo a las mujeres en los procesos que tramita, advierten defensoras de los derechos femeninos.

La organización no gubernamental Iniciativas de Mujeres por la Justicia de Género ha publicado su séptimo informe anual sobre la actuación de la CPI en materia de políticas, contratación y estadísticas de personal, y también ha hecho recomendaciones precisas para mejorar la igualdad y la competencia de género.

Se han logrado algunos avances. Por ejemplo que la gambiana Fatou Bensouda haya sido elegida para suceder como fiscal general a partir de junio de 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, quien ocupa el cargo desde el comienzo en 2002 de las actividades de este tribunal creado para juzgar casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.

«Es enormemente simbólico que se haya elegido a una mujer», nos dijo la directora ejecutiva de Iniciativas de Mujeres por Justicia de Género, Brigid Inder. «Es un hermoso momento histórico», señaló Inder, cuya organización aboga por la justicia de género a través de esta Corte, con sede en La Haya, y mecanismos nacionales en Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia y Kirguistán.

Pero el acceso y la inclusión de las víctimas sigue siendo un desafío, apuntó. La CPI tiene un enorme retraso de unas 6.000 solicitudes de personas afectadas que no han sido procesadas, señaló.

- ¿Cuál es la relación entre la cantidad de mujeres en la CPI y el trato que dispensa a las cuestiones de género?

Brigid Inder- Hay dos asuntos, uno es equidad de género y el otro, competencia de género. De nuestro análisis y de la revisión que hacemos del trabajo del tribunal podemos ver que el primero está bien en términos generales, pero cuando observamos los cargos ocupados por mujeres seguimos viendo diferencias. Tienden a estar agrupadas en puestos bajos y medianos y muy pocas ocupan cargos de decisión o de liderazgo superiores. La equidad de género trata del poder estructural dentro de la jerarquía, no solo de la cantidad de mujeres.

También es la capacidad y la oportunidad que ellas tienen de contribuir en momentos clave a la toma de decisiones, como la identificación de casos, la construcción de hipótesis y la opinión sobre la elaboración de los cargos. Necesitamos más mejoras en estas áreas para aumentar la capacidad del tribunal para tratar cuestiones de género.

La segunda área contempla la competencia de género e involucra tanto a hombres como a mujeres. Se refiere en especial a la habilidad para identificar y comprender implicaciones y dimensiones de género en todo el trabajo que realiza la CPI y las diferentes formas en que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, se ven afectados por la violencia cometida en los conflictos. Consideramos que se trata de una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Cuando hablamos de la competencia de género del tribunal nos referimos a su capacidad de hacer justicia contemplando aspectos de género.

- ¿Sería una solución efectiva implementar una política de cuotas y acciones positivas?

B.I.- Una de las ventajas clave del Estatuto de Roma (el tratado de 1998 que creó la CPI) es que explícitamente identifica la necesidad de asesores legales en cuestiones de género y de contratar expertos en casos de violencia sexual, en especial la sufrida por mujeres, niños y niñas. El propio Estatuto requiere que la pericia en esa materia forme parte del desarrollo de la institución.

Creemos que esa opción puede ayudar en términos de mujeres contratadas, aunque hay un artículo general en el tratado que estipula una representación justa, geográfica, para que los Estados parte estén igualmente representados en el personal de la CPI, pero también para que mujeres y hombres estén presentes por igual. Hay un requisito estructural para que el Tribunal atienda estas cuestiones y, creo, que de forma positiva y útil.

No se trata de una construcción falsa y forzada para crear condiciones especiales, sino del reconocimiento del derecho de hombres y mujeres a ocupar esos cargos y también la necesidad de contar con la indispensable capacidad en materia de violencia sexual contra las mujeres y ofrecer asistencia legal en cuestiones de género, un requisito del propio Estatuto.

- ¿Hay problemas en términos de la inclusión y el acceso de las mujeres víctimas?

B.I.- En nuestro estudio hemos visto que las mujeres constituyen el 29 por ciento de los participantes en las actividades de extensión de la CPI, menos de un tercio. Es una proporción muy baja. Y cuando se observan los casos presentados al tribunal, casi todos incluyen delitos de violencia de género. Hay un desajuste entre las víctimas, los cargos en los casos procesados por la CPI y las personas que están dentro del alcance del tribunal. También vimos que son cada vez menos las mujeres que solicitan a la institución ser reconocidas como víctimas y que obtuvieron el reconocimiento formal para participar en los casos que esta atiende.

Hay un vínculo directo entre la información, el alcance y el acceso. El tribunal necesita desarrollar más estrategias y reuniones específicas sobre las mujeres y ser más creativo en los foros que ofrece para llegar a las que tienen menos acceso a los principales medios y sistemas de comunicación formal en las aldeas y comunidades locales. Parece que las mujeres necesitan estrategias que les permitan acceder a la información de forma directa.

- ¿El problema afecta más a los países menos desarrollados?

B.I.- Todas las situaciones conflictivas investigadas por el tribunal pueden describirse como de países en desarrollo. La CPI también trabaja en estados que tuvieron largos períodos de conflictos armados, que por lo general causaron desintegración de las instituciones e infraestructuras públicas.

La seguridad, incluida la policía, no suele funcionar. En muchos casos, el sistema judicial no está operativo o, cuando lo está, padece un importante grado de corrupción.

- ¿Cuán abierta se mostró la CPI a las recomendaciones presentadas por su organización desde 2005? ¿Se han logrado avances?

B.I.- En los siete años que llevamos haciendo el informe hemos visto avances. El tribunal existe desde hace casi 10. Por supuesto que aprende lecciones, algunas con lentitud, en algunas áreas son absorbidas y en otras parecen destinadas a repetirse una y otra vez. Es una institución que sigue creciendo, desarrollándose y aprendiendo. Vemos que es cada más receptiva a nuestra contribución sobre investigaciones y procesamiento de delitos sexuales.

La CPI tiene buenos antecedentes sobre fallos en materia de delitos de género, respecto de otros tribunales internacionales. Su desafío ahora es la calidad de los cargos y la eficacia de las estrategias de procesamiento. En este aspecto se muestra un poco lento para aprender algunas lecciones.