Los atentados de Madrid en 2004 y Londres en 2005 provocaron una respuesta urgente para extremar las medidas de seguridad ante posibles atentados terroristas. La UE elaboró una directiva para conservar los datos de las telecomunicaciones que ahora se considera excesiva. La Comisión Europea reconoce que no garantiza el derecho a la intimidad de los usuarios.

La directiva sobre conservación de datos de 2006 exige que los operadores conserven detalles sobre las llamadas telefónicas y los correos electrónicos durante un periodo de entre 6 meses y dos años. Se deben retener la hora, la localización geográfica y la duración, pero no el contenido.

En el informe de evaluación que la Comisión Europea ha presentado este lunes se dice que para las autoridades policiales y de aduanas la retención de datos ha sido fundamental en la persecución de delitos graves porque proporcionan pistas y pruebas muy valiosas para la investigación.

Sin embargo, la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha reconocido que existen deficiencias importantes por las diferencias de aplicación de la directiva que han hecho los Estados miembros a sus legislaciones nacionales, hasta el punto de que en varios países los tribunales han anulado la norma europea.

De hecho, cada socio comunitario establece como quiere el tiempo de conservación de los datos, los fines y los procedimientos legales para los que puede accederse a ellos. La directiva tampoco garantiza que los datos sean almacenados, recuperados y utilizados respetando plenamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

La Comisión Europea reconoce que «mientras no se establezcan más medidas de protección, seguirá existiendo el riesgo de que se produzcan violaciones de la seguridad de los datos». Por eso ha abierto una consulta pública para revisar la directiva y adoptar una reglamentación más estricta en el almacenamiento de datos, el acceso y su uso.

Bruselas plantea una mayor armonización entre los 27 para dar «coherencia en la limitación de los objetivos de la retención de datos y en los tipos de delito para los que se podrá acceder y utilizar los datos retenidos», además de limitar las autoridades que tienen acceso a la información y reducir las categorías de datos que se conservan.

Con esas premisas, la Comisión revisará la norma y propondrá un marco jurídico mejorado después de consultar y trabajar con la policía, el poder judicial, la industria, las autoridades en materia de protección de datos y la sociedad civil.