La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha lanzado una campaña para denunciar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Europa, algo que impacta «en la calidad del Periodismo y en el grave deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales». Por ello, el 5 de noviembre se celebra la jornada europea 'En pie por el Periodismo', en la que se pondrán de relieve algunos de los principales desafíos que enfrenta la profesión en un entorno mediático cada vez en menos manos.

«Nuevos actores como Google amenazan no sólo el pluralismo de los medios, sino cada vez más la supervivencia de muchos periodistas independientes que a menudo sólo se enfrentan a un único empleador, especialmente en el ámbito local», subraya la FEP. La organización añade que, prácticamente en todos los países de Europa del este y sureste, quienes tienen participaciones en los medios de comunicación también están involucrados en otros negocios, por lo que «influyen en el control editorial o en promover una ideología política».

Inciden en la importancia de recordar que el Periodismo es un bien público: «La información se ha convertido cada vez más en una mercancía, cuando debería ser un servicio público al que tiene derecho la ciudadanía, un derecho humano y constitucional. En una sociedad verdaderamente democrática, la información debe ser el soporte sobre el que se sustentan el resto de los derechos para poder ser ejercidos», señala la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP), miembro de la FEP.

La federación europea, que organiza por séptimo año consecutivo esta jornada de lucha, ha creado un vídeoy un hashtag para la red social Twitter #SUFJ, a través de los cuales dan visibilidad a la campaña. Además también han diseñado una gran infografía para intentar clarificar la gran maraña que une a los medios de comunicación europeos con diferentes empresas y cómo, detrás de esa complicada red, aparecen apenas unos pocos propietarios: Bertelsmann (con sede en Alemania), News Corporation (de Rupert Murdoch y con gran presencia en Estados Unidos), Bouygues Construction (presente en gran cantidad de medios franceses), Lagardère (también francesa y con una parte dedicada al armamento), Gazprom (empresa gasista rusa) y Fininvest (de la familia italiana Berlusconi, dueño por ejemplo de Mediaset).

Una ley para España

«En España también existe esa concentración, y buena prueba de ello es el caso de Atresmedia y Mediaset, dos cadenas que consiguen el 60 por ciento de las audiencias televisivas con sus diversos canales y se llevan el 87 por ciento de los ingresos», señala la FeSP. La federación española considera que la situación es más grave en el Estado español porque «no existe ninguna ley que regule el derecho a la información y el periodismo profesional, un hecho que, salvo contadas excepciones, no se da ni en la Unión Europea ni en gran parte del resto del mundo».

Por ello, pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que promuevan con urgencia una legislación en estas materias acorde con una democracia moderna. «No tendrán que inventar nada, solamente analizar las normativas que existen en otros países y trasladarlas a España. En Europa, el último caso es el Reino Unido, con la promulgación de la Royal Charte que entrará en vigor el próximo 1 de enero. También tienen todas las disposiciones comunitarias y valiosísimos informes de organismos tan solventes como la Unesco», añade.

La FeSP va aún más allá y pone como muestra las normas de varios países de América Latina: «El Gobierno y los parlamentarios españoles también pueden ser más ambiciosos e inspirarse en las legislaciones que se están aprobando en distintos países de Latinoamérica, donde han regulado por ley la concentración en la propiedad de los medios e incluso están poniendo límites a quién puede invertir en un sector tan sensible como la información. Algunos de esos países han incorporado a su ordenamiento jurídico medidas tan democráticamente recomendables como la distribución del espacio radioeléctrico a partes iguales entre los operadores públicos, los privados y los movimientos sociales sin ánimo de lucro, el llamado tercer sector de la comunicación».