La Comisión europea ha presentado este miércoles un paquete legislativo para vigilar las políticas fiscales y macroeconómicas de los 27 y castigar no sólo a los países incumplidores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino también a aquellos que pierdan competitividad. El objetivo es que no se repita una crisis del euro, como la ocurrida a comienzos de este año.

El déficit público sigue siendo el baremo del desastre económico europeo, ahora en proceso de corrección por los países incumplidores, que son la mayoría de la UE. De modo que la solución pasa por el castigo. Cuando la situación de un país presente signos de alarma, antes de llegar a un déficit del 3%, se bloqueará el 0,2 % de su PIB en una cuenta que generará intereses. Si se supera el umbral del 3%, se retendrán los intereses y, si no se toman medidas para corregirlo, el depósito se transformará en una multa.

La Comisión no se ha atrevido, como pretendía, a proponer que las sanciones sean automáticas y ha optado por una fórmula intermedia. Se aplicarán, a menos que una mayoría cualificada del Consejo se oponga.

Tampoco aparecen en esta propuesta las sanciones políticas previamente anunciadas y que impulsaba Alemania y apoyaba el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Se citaba desde la congelación de fondos estructurales y de cohesión hasta la suspensión del derecho de voto, aunque para esto último había que reformar los Tratados de la Unión.

Ni deuda pública ni desequilibrios excesivos

Si hasta ahora el déficit público era el único elemento preocupante y se hacía la vista gorda con la deuda pública, que el Pacto de Estabilidad limita al 60% del PIB, a partir de ahora se tendrá en cuenta para abrir expedientes sancionadores. No hay mucha presión. Se hará si en el plazo de tres años no se reduce en un veinteavo.

La Comisión entiende además que la actual legislación es deficiente en la previsión de los desequilibrios excesivos. Así que propone que la pérdida de competitividad también se castigue. Habrá multas de un 0,1 % del PIB para los países de la eurozona que no adopten las medidas propuestas por Bruselas.

El sistema de vigilancia se basa en una serie de indicadores para detectar de forma temprana cualquier amenaza a la estabilidad de la economía europea: el balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, ha rechazado también la imposición de sanciones por pérdida de competitividad, por considerar que no depende directamente de la acción del gobierno, pero el resto de los países está de acuerdo.

La propuesta del ejecutivo europeo tiene que pasar ahora los filtros del Consejo, el Parlamento y el Consejo, pero llegan ya limadas por los 27 en el grupo de trabajo que ha dirigido el presidente estable de la UE, Herman Van Rompuy. Se confía en que entren en vigor a mediados del año que viene o a comienzos de 2012 y no tendrán efectos retroactivos para los países ahora expedientados. euroXpress