Las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) continúan avanzando. Ahora, una consulta pública lanzada por la Comisión Europea a raíz de la presión social se presenta como escaparate de democracia y participación. Pero no muestra los verdaderos riesgos que entraña el tratado y el sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados. Tecnicismos y preguntas ambiguas camuflan el verdadero impacto sobre los derechos ciudadanos o la protección del medio ambiente.

Para responder al cuestionario en línea de la Comisión Europea es preciso leer textos legales sobre el «tratamiento no discriminatorio para los inversores», «asegurar el derecho a regular una protección de la inversión», «acuerdo en disputas entre inversor y Estado», «denuncias múltiples y relación con tribunales nacionales». La jerga de las políticas de inversiones plantea que los inversores deben estar protegidos de la «expropiación indirecta» y tener derecho a compensación, como explica la campaña «No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones».

Están hablando del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en la Unión Europea y Estados Unidos. Y de la incorporación en ese tratado de un mecanismo que permitirá a las grandes empresas reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir, que si no ganan lo que quieren, pueden demandar al Estado en el que invirtieron en tribunales privados.

No es alarmismo, es una realidad presente ya en otros tratados. Amparándose en ellos, el fabricante del tabaco Philip Morris demandó a Uruguay y a Australia por sus leyes antitabaco. La multinacional sueca de la energía Vattenfall demandó a Alemania por la próxima salida del país de la energia nuclear. Aguas de Barcelona reclamó indemnizaciones millonarias a Argentina por congelar las tarifas de servicios básicos. La empresa Lone Pine también exige compensación por la moratoria al fracking del Gobierno de Quebec. Las grandes empresas reciben «superderechos» que están por encima de la soberanía de los Gobiernos y parlamentos para legislar.

Las explicaciones técnicas de la Comisión Europea no aportan estos ejemplos, no detallan las amenazas. Hay que leer el texto de la consulta entre líneas para entender que las transnacionales gozarían con este mecanismo de privilegios mucho mayores que las pequeñas y medianas empresas locales o cualquier ciudadano.

El escaparate de participación pública que pretende dar la consulta, no contrarresta la opacidad con las que se han celebrado las cuatro rondas de negociaciones entre la UE y EEUU hasta el momento. El tratado, si se aplica, será el marco de armonización a la baja de entre el 25% y 50% de las barreras no arancelarias entre la Unión Europea y Estados Unidos, por lo que su importancia está clara. La falta de transparencia y el secretismo alcanza tales dimensiones, que es necesario recurrir a documentos filtrados para saber más sobre su contenido. La Red europea Seattle to Brussels ha creado una página web donde se publican textos de negociación secretos y análisis críticos sobre las intenciones de la Unión Europea.