La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, ha explicado que Francia ha ofrecido garantías «al más alto nivel» de que las expulsiones no tenían como objetivo una determinada minoría étnica «sino que ha tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma.»

Parece que todo fue un malentendido que llevó a la vicepresidenta y responsable de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea, Viviane Reding, a decir el pasado 12 de septiembre que no habría más opción que iniciar un expediente contra Francia basándose en la aplicación discriminatoria de la directiva de libre circulación de las personas y en la no transposición de las garantías contempladas en la misma directiva.

Han pasado apenas quince días y la CE ha escuchado a la vicepresidenta Reding, al comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Laszlo Andor y a la comisaria de Asuntos Interiores, Cecilia Malmström, para concluir que las medidas que Francia tomó no fueron discriminatorias. Que es cierto que la circular dirigida a la policía se refería a los gitanos, pero fue corregida ocho días después.

Todo se limita a una falta, Francia no ha transpuesto debidamente la directiva de libre circulación. Por lo que la Comisión enviará una carta al Gobierno francés pidiéndole que lo haga antes del 15 de octubre, si no lo hace se volverá a estudiar.

Como en este caso están otros Estados miembros, después de analizar cada situación se les enviará también una carta.

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ha asegurado que «Francia sale con la cabeza alta».

Más de 8.000 gitanos han sido expulsados este verano del territorio francés a cambio de 300 euros por adulto y 100 por menor.