Como cada mes la Comisión ha presentado su paquete de decisiones sobre infracciones al cumplimiento de la legislación de los estados miembros. En concreto se han adoptado 162 decisiones, incluidos 25 dictámenes y 10 recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Con estas medidas el ejecutivo comunitario quiere garantizar los derechos de los ciudadanos y de las empresas.

Los recursos ante el Tribunal implican la imposición de sanciones económicas. La CE demanda al Reino Unido por la discriminación que supone el cobro de plusvalías a empresas que tienen la sede en el país y filiales en otros estados miembros. Según Bruselas, Londres cobra plusvalías de las filiales instaladas en otro país, pero no cuando las filiales están ubicadas en el Reino Unido. Se intenta así evitar posibles fraudes o la evasión fiscal. . También denuncia al gobierno británico de establecer diferencia de trato entre las transacciones nacionales y las transfronterizas.

La CE pide para Italia una multa de 56 millones de euros y otra diaria de 257.000 euros, por no haber clausurado cientos de vertederos ilegales e incontrolados, un problema extendido en todo el país, a pesar de tener una sentencia condenatoria del Tribunal. Bruselas señala que hay 250 vertederos pendientes de limpiar en Italia y 16 contienen residuos peligrosos.A Polonia se le denuncia por no aplicar las tasas portuarias, y a este país y Eslovenia se les pide que apliquen la normativa comunitaria en materia de energía.

La Comisión también insta a otros gobiernos a cumplir la normativa. Eso supone un primer toque de atención antes de remitir los casos al Tribunal. A siete países (Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Eslovenia), se les pide que cumplan la normativa sobre uso sostenible de los plaguicidas para reducir los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Francia y Luxemburgo deben modificar el cobro de IVA reducido que aplican sobre los libros digitales. Varios países se han quejado de que la compra por internet de esos productos (más baratos si se compran en Francia y Luxemburgo), perjudica la venta en los países en que se paga el impuesto establecido por la UE.

La Comisión también a pedido a Bélgica que cese de discriminar determinados beneficios de acciones extranjeras. En Bélgica los dividendos de las acciones cotizadas en bolsa están sujetos a un impuesto sobre los rendimientos del capital de tipo reducido. Sin embargo, cuando las acciones en cuestión cotizan en un mercado bursátil extranjero, solo los dividendos correspondientes a los títulos emitidos con posterioridad al 1 de enero de 1994 pueden beneficiarse del tipo reducido. Esta restricción no se aplica a los dividendos de las acciones que cotizan en Bélgica. Este país también incumple la normativa sobre el impuesto de sucesiones en la región de Walonia a los no residentes, que deben pagar más que los residentes. Esto según la Comisión restringe la libre circulación de capitales.

También se han abierto dos expedientes a Dinamarca. Uno porque no garantiza un nivel mínimo de protección a los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal y otro por no prohibir la venta de tabaco de consumo oral a granel.

Por último la Comisión Europea ha pedido a España que grave con el IVA los servicios prestados por los notarios en relación con las transacciones financieras. En la actualidad España aplica una exención a tales servicios, exención que no permiten las normas de la UE sobre el IVA.