Cientos de efectivos participan en la «Operación Aspis», en la nororiental región de Evros, en la frontera con Turquía, y la «Operación Xenios Zeus», en todo el país. La guardia fronteriza ubica a las personas que intentan ingresar en territorio griego y las disuaden de hacerlo. Para ello cuentan con equipamiento de alta tecnología, adquirido con ayuda de la Comisión Europea.
Mientras, la policía registra la región fronteriza en busca de personas sin documentos en regla, entre las que hay algunas refugiadas, y las manda a improvisados campamentos de detención. Desde el inicio de las operaciones, en agosto de 2012, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre otros, denuncian los maltratos que sufren estas personas, así como las pésimas condiciones de detención.
Durante una visita a este país a mediados de enero, una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, en inglés) urgió a los miembros de la UE a ayudar a Grecia en esta «crisis migratoria». PACE deploró la detención de ciudadanos sirios, pues equivale a impedirles que soliciten asilo porque carecen de asistencia legal, de servicios de interpretación y de información en los centros de detención.
Además, entre el 21 y el 31 de enero, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), realizó su primera misión de investigación en Grecia, para evaluar la dimensión de la privación de libertad en este país.
«La detención de una persona inmigrante o solicitante de asilo durante 18 meses y a veces en condiciones peores que en las prisiones regulares, podría ser considerado un castigo impuesto a quien no ha cometido ningún delito», dijo Vladimir Tochilovsky, uno de los integrantes de la misión de Acnur, durante una conferencia de prensa en Atenas. El grupo se reunió con ciudadanos sirios en varios centros de detención, dijo Tochilovsky.
Las autoridades griegas de migración son responsables de esta política, pero con la complicidad de funcionarios europeos y la ayuda financiera de la Comisión Europea.
Hemos tenido acceso a documentos técnicos en relación con los fondos para las operaciones migratorias en Grecia, que prueban que la Comisión Europea considera que las duras políticas en la frontera y el territorio griegos son un «imperativo» para proteger los derechos humanos.
En diciembre, la Comisión Europea dejó claro que era una prioridad «a través del Fondo para las Fronteras Exteriores, seguir ofreciendo asistencia económica y operativa a Grecia para montar un sistema de gestión fronteriza efectivo». También señala que el dinero que le da a este país apunta a «mejorar los estándares y a asegurar el respeto por los derechos fundamentales y las normas de la Comisión Europea».
Una versión revisada del Programa Anual de Financiación del Fondo de Retorno Europeo, enviada por la policía griega a la Comisión Europea, detalla una iniciativa de nueve millones de euros para renovar o construir nuevos centros de detención, con capacidad para albergar a unos 7.200 inmigrantes. El proyecto intenta «disminuir las denuncias de violaciones de derechos humanos».
La Comisión Europea reestructuró hace poco el Fondo para el Retorno, dotado con 676 millones de euros para el periodo de 2008 a 2013, a fin de atender las nuevas necesidades surgidas de la Operación Xenios Zeus.
Una enmienda del Fondo para el Retorno, adoptada en septiembre pasado, «incluye varios cambios que amplían la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura, como renovación y restauración, o en caso de necesidades específicas, construir centros de detención», nos dijo el portavoz de la Comisión Europea para asuntos internos, Michele Cercone.
«Además, en julio de 2012 se ofrecieron nuevas pautas a los estados miembros que amplían la financiación a los gastos corrientes de los campamentos de detención para mejorar las condiciones de recepción en los centros de detención», añadió. Hasta entonces, el fondo no cubría gastos corrientes, pero la reforma permitió «a los países miembros operar los centros de detención», explicó.
Otros 1,9 millones de euros se destinarán a la continuación de la Operación Aspis, hasta junio o julio próximos. Además, la Comisión Europea previó aumentar hasta el 95 por ciento su contribución a toda acción similar, con lo que prácticamente asumirá todo el coste de las operaciones. De hecho, el Parlamento Europeo estudia ya una propuesta con ese propósito , que será oficial a fines de este mes.
«Quienquiera que tome las decisiones en Bruselas sabe exactamente lo que hace», nos dijo la europarlamentaria alemana Annette Groth, que integró la delegación de PACE que visitó este país. «La situación en Grecia no se parece en nada a los derechos humanos de los que hablamos en Europa, por la política de detenciones masivas en condiciones deplorables de todos los inmigrantes y refugiados que llegan», observó. «Para estos últimos equivale a negarles el derecho de asilo», subrayó.
«No tiene sentido responsabilizar solo a Grecia. Tenemos que reconocer que la Comisión Europea es indirectamente responsable de estas violaciones de derechos humanos», añadió.
Según Cercone, portavoz de la Comisión Europea para asuntos internos, «solo tras la concreción de todo el proceso», en un plazo de tres años, «será posible evaluar en detalle el uso efectivo de los fondos» aportados. Pero una fuente de una gran organización internacional con estatus de interlocutor en la Comisión Europea nos dijo que este órgano no solo sabe, sino que está muy preocupado por la situación en Grecia.
Además, la asistencia del Fondo de Retorno solo se ofrecerá para gastos vinculados a los centros de detención que no tienen solicitantes de asilo. «Como Grecia está haciendo detenciones de forma indiscriminada, le podrían retirar los fondos», dijo
