A raíz del enfrentamiento entre el gobierno y el ayuntamiento de Vic (Barcelona) por restringir el empadronamiento de inmigrantes irregulares, el eurodiputado de CiU, Ramón Tremosa, preguntó a la Comisión europea si el ejecutivo español podía impedir a los responsables locales controlar la legalidad de los inmigrantes de su municipio.

La respuesta de la Comisión es clara y confusa a la vez. La titular europea de Interior, Cecilia Malmström, recalca que «las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio.»

Es lo que dice la directiva europea y, por tanto, de obligado cumplimiento para los 27. Sin embargo, Malmström aclara que los Estados pueden determinar a qué nivel de administración se toman esas decisiones, aunque el Estado es el responsable del cumplimiento de la directiva, que los países deben incorporar a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de este año. Hasta entonces, Bruselas no está en situación de tomar medidas formales, afirma la comisaria.

Ante la nueva polémica que abría la comisaria, su portavoz, Michele Cercone, ha tenido que matizar que Malmström no se ha pronunciado sobre el empadronamiento, porque ese punto no está contemplado en la directiva, sino que ha pedido que la situación se clarifique cuanto antes.

Diferentes interpretaciones

La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, asegura que España ha transpuesto la directiva de retorno sobre inmigración ilegal de manera satisfactoria y no incumple ninguna norma comunitaria. Terrón dice que una cosa es la obligación de expulsar lo más rápidamente posible a los ciudadanos en situación irregular y otra que mientras que los extranjeros sin papeles estén residiendo en España «nosotros los empadronemos y sepamos quién vive aquí y dónde viven».

El eurodiputado de CiU interpreta que la Comisión ha dado la razón al Ayuntamiento de Vic, cuyo alcalde, dice, fue lapidado mediáticamente por la izquierda progresista del país. El equipo de gobierno de Vic ha mostrado su «satisfacción porque se haya introducido el sentido común en el tema del empadronamiento».

Tras conocer el comunicado de Bruselas, Comisiones Obreras ha denunciado que para las instituciones europeas no existen o no se quiere ver a los cientos de miles de inmigrantes que viven en situación irregular. El sindicato recuerda a la comisaria que es precisamente a través del empadronamiento como se acredita el cumplimiento de uno de los requisitos para acreditar el periodo de estancia previa en España a fin de obtener esta regularización. euroXpress