Cualquier ciudadano o residente de la Unión Europea tiene el derecho a presentar, de forma individual o colectiva, una petición al Parlamento Europeo sobre cualquier asunto dentro de la esfera de actuación de la UE y que le afecta directamente.

Las principales cuestiones planteadas en las 1.985 peticiones recibidas por el Parlamento Europeo en 2012 giraban en torno a los derechos humanos, el medio ambiente y las consecuencias de la crisis social y económica en los derechos sociales. Los ciudadanos que más peticiones han hecho llegar a la Comisión han sido los alemanes, españoles, italianos, rumanos y británicos. En cuanto a los países objeto de las peticiones, el primer lugar lo ocupó la UE en su conjunto, seguida de España en segundo lugar, Alemania, Italia y Rumania.

De esas 1.985 peticiones recibidas en 2012 (frente a 1.414 en 2011), 1.408 fueron declaradas nulas, por exceder el ámbito de competencia de la UE, y 854 de ellas fueron tramitadas y enviadas a la Comisión Europea para ser analizadas a fondo.

Atención a los derechos fundamentales, sociales y ambientales

Dentro de la labor llevada a cabo por la Comisión de Peticiones, una parte importante es la atención a los derechos de los niños y de las personas discapacitadas, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, y la libertad de movimiento en cuanto al libre acceso al mercado de trabajo y a los sistemas de seguridad social en otros países de la UE.

El actual escenario de crisis económica ha sido un gran motor de las peticiones, ya que ha generado numerosas quejas ciudadanas en temas de derechos sociales como la vivienda, el desempleo y la relación de los bancos con sus inversores y clientes. Resulta lógico en un marco en el que los derechos sociales se están viendo mermados supuestamente en favor de una pronta recuperación económica por parte de los Estados que han sido más duramente azotados por la crisis financiera.

Pero también las cuestiones medioambientales centran gran parte de la atención de los ciudadanos europeos. El gran número de peticiones relacionadas con la falta de protección de zonas especiales de conservación, la inefectiva aplicación de las directivas de la UE sobre la gestión de residuos, las aves, los hábitats, y la evaluación de impacto ambiental han llevado a concluir que «las autoridades públicas fracasaron repetidamente en su labor de protección de los ecosistemas y la biodiversidad», según los expertos que han desarrollado el informe.